©ITAM Derechos Reservados.
La reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.

ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Invierno 1987

VALLARTA INTERNACIONALISTA

Author: Andrés Lira


DEBO DECLARAR mi atrevimiento al aceptar la tarea de hacer una presentación de este libro, pues no soy versado en Derecho Internacional Público. Cuando cursé la asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, me entusiasmé ante las posibilidades que ofrecía como reflexión sobre problemas capitales de la historia y la filosofía; pero no fui más allá de la lectura de dos libros de texto y de la presentación de un examen final decoroso.

Sin embargo, hace meses, cuando Rodolfo Vázquez me habló del libro de Antonio Gómez Robledo y del interés de algunos profesores del Instituto Tecnológico Autónomo de México en que hiciera una presentación -lo que en verdad agradezco como distinción que me he empeñado en merecer- vi la posibilidad de leerme- literalmente, leer para mí- otro libro de Gómez Robledo y de disfrutar, como me ha ocurrido con otros escritos suyos, el gozo de una obra interesante por su contenido y apreciable por su buena hechura.

He leído obras de Antonio Gómez Robledo con gran gusto. Recuerdo la primera vez que me acerqué a su buena prosa castellana en 1958, cuando cursaba el último año de preparatoria. Miguel Mansur, nuestro profesor de Etica, nos hizo leer la Etica Nicomaquea de Aristóteles. El profesor Mansur nos dijo entonces que adquiriéramos la versión de Antonio Gómez Robledo, porque como Gómez Robledo sí traducía del griego, tendríamos un texto español que recogía, con sabiduría y acierto, el pensamiento de Aristóteles. Luego, he podido disfrutar de sus traducciones de La República, de Platón; de La Política, de Aristóteles y, entrando ya en sus libros, Sócrates y el socratismo, Meditación sobre la justicia, Platón, los seis grandes temas de su filosofía y el Ensayo sobre las virtudes intelectuales. Todo en el mejor desorden posible, en ratos de ocio verdadero, cuando no he tenido que "informar" o "preparar clases".

Notarán ustedes una confesión más grave aún que la hecha al principio: de la vasta obra internacionalista de Gómez Robledo no he mencionado libro alguno. Apenas y he consultado sus Estudios internacionales, su The Bucareli Agreements and the International Law y su México y el arbitraje internacional. Conocerlos bien hubiera servido para apreciar mejor su Vallarta internacionalista, Pero la entidad propia de éste, como de otros libros de Gómez Robledo, se me ha hecho patente en gratas horas de lectura de las que ahora quiero participar a ustedes.

Nos lo presenta el autor con modestia. Se trata de agrupar algunos textos de Vallarta poco conocidos, no por raros o inéditos, sino porque la merecida fama del Vallarta constitucionalista ha brillado sobre la del internacionalista. En efecto, según opinión autorizada de Héctor Fix Zamudio, fue Vallarta quien dio en sus votos como presidente de la Suprema Corte el verdadero carácter de juicio constitucional al juicio de amparo, afán que confirmó en otros estudios entre los que destaca su libro El juicio de amparo y el Writ of Habeas Corpus (188l).

La obra de Gómez Robledo, sin embargo, va más allá de la escueta presentación de testimonios. Al aportar en seis capítulos la introducción a seis textos de Vallarta ya uno de José María Gamboa, toma los asuntos tratados desde una perspectiva que destaca la vigencia del pensamiento de Vallarta en los problemas internacionales que afectaron y siguen afectando a México. No se trata de anacronismo ni de extrapolaciones; el autor se hace cargo del momento en que Vallarta emitió sus pareceres sobre tal o cual caso actuando como juez -el primero- como abogado consultor o como secretario de relaciones exteriores, da cuenta de los antecedentes que conforman el problema y de las implicaciones de éste en momentos posteriores en los que el pensamiento de Vallarta sigue proporcionando ejemplos de soluciones inteligentes e inspiradas en la justicia. Así, el Derecho, que en estricto rigor no se consideró como disciplina de las humanidades clásicas, cobra su relieve humanístico.

Esa potenciación del pensamiento de Vallarta destaca en el primer capítulo denominado "La cuestión del Petróleo". Se trata de la introducción al voto de Vallarta en el amparo promovido por Patricio Milmo contra el autor del juez de primera instancia de Monclova, por el cual declaró denunciable la veta de carbón de piedra situada en el subsuelo de terrenos pertenecientes al quejoso. La corte, siguiendo los razonamientos de Vallarta, no amparó al quejoso en el pretendido derecho de propiedad del subsuelo, sólo otorgó la protección contra el acto del juez que sin previa indemnización para el propietario del predio dio al denunciante posesión del terreno superficial en que estaba la veta denunciada como complemento necesario, pues había de hacer allí las obras para la explotación del subsuelo.

Digo que se ve la potenciación del pensamiento de Vallarta, porque ni el asunto era en ese momento una cuestión de Derecho Internacional, ni tampoco tenía que ver con el petróleo. Pero el gran debate que en el ámbito internacional suscitó la cuestión del petróleo durante el presente siglo y que culminó con la expropiación de las compañías petroleras en 1938, se ilumina con los razonamientos que hiciera Vallarta en 1882; y viceversa, los razonamientos de Vallarta cobran actualidad ante ese problema internacional que, por fin, después de una historia denigrante se resuelve en 1938 cuando se aplica lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de 1917.

¿Anacronismo? No creo. La actualidad del derecho tiene que definirse echando mano de la historia y así lo hizo Vallarta al trabajar sobre la interpretación del artículo 27 de la Constitución de 1857; para hacerlo tuvo que ver la cuestión del subsuelo sobre la base de una tradición jurídica ultracentenaria. El régimen de minas de la época novohispana fue invocado por Vallarta para mostrar que, como derecho propiamente mexicano, las ordenanzas de minería de 1783 no habían sido abrogadas por disposiciones dictadas en y para la Península Ibérica, según pretendía el quejoso; que era perfectamente posible reivindicar una tradición propia en el México del siglo XIX, que ya por esos años iniciaba un período de franco extrañamiento de su propio régimen en favor de compañías extranjeras. En efecto, más tarde, la ley de 1884, ley secundaria, se sobreponía a los textos constitucionales y sobre pretensiones basadas en esa y otras leyes secundarias se erigirían los reclamos de las compañías petroleras años después, vigente ya la Constitución de 1917, que tan claramente estableció el derecho directo de la nación en la propiedad del subsuelo. Una suprema corte maniatada por las ambiciones políticas de Obregón y de Calles, sancionaría los supuestos "derechos adquiridos" de las compañías petroleras y el remedio a esta situación tuvo que partir de un acto del ejecutivo, el decreto expropiatorio del 18 de marzo de 1938. Pero la argumentación en justicia y en derecho positivo estaba ya dada en el voto de Vallarta, quien se refiere a los minerales en general y, necesariamente, al petróleo como jugo de la tierra del subsuelo mexicano. De ahí la actualidad de este testimonio ponderado a la luz de la experiencia del siglo XX, que fue, por la calidad de los intereses que en esta se complicaron, una cuestión internacional. De ahí que Gómez Robledo nos hable, sin faltar a la verdad y a la justicia, de Vallarta y el petróleo como un capítulo del derecho internacional en la obra del jaliscience.

En 1892, un año antes de su muerte, Ignacio Vallarta elaboró, a petición del secretario de relaciones exteriores, un dictamen sobre las pretensiones de las autoridades eclesiásticas de Estados Unidos, quienes, con el apoyo diplomático de aquel gobierno, exigieron el pago de intereses vencidos de un capital que hacían proceder del Fondo Piadoso de las Californias. Eran dos obispos confiados en el poder del gobierno estadounidense. Un fallo arbitral de 1875, a todas luces ilegal, sustentaba sus reclamaciones según lo hace ver Vallarta en su dictamen y lo aclara Gómez Robledo al hacer la historia de ese fondo pues si el capital no podía reclamarse por obispados erigidos mucho después de la separación de la Alta California, se reconocían, sin embargo los intereses supuestamente derivados de ese capital; el amaño tuvo éxito y en 1875 México fue condenado a pagar 904,700.79 pesos correspondientes a los intereses de mayo de 1848 a 1869 y, en 1892, se decidió que México debía pagar 43,050.99 pesos anuales.

Los vicios de la primera demanda y de la primera decisión fueron señalados por Vallarta al advertir tres razones sustanciales: la. Tiempo: La demanda original se refería a situaciones anteriores al 2 de febrero de 1848 y estaban, por lo tanto, fuera de la competencia de la Comisión Mixta de Reclamaciones constituida en 1868 y de cualquiera otra instancia, pues conforme a disposición expresa de los tratados de Guadalupe Hidalgo no se podrían reclamar actos anteriores a la firma de dichos tratados. 2a. Persona.- La Iglesia Católica de la Alta California fue erigida en 1859, mucho después de la segregación de ese territorio, y, consecuentemente, no era sucesora 0 causahabiente de los derechos del obispado de California que desapareció en esas tierras en 1848, y 3a. Materia: La reclamación implicaba cuestiones de soberanía que no podían someterse a una comisión mixta avocada a resolver cuestiones de derecho privado.

Los razonamientos de Vallarta eran impecables y con base en ellos debieron rechazarse las pretensiones de los obispos sancionadas positivamente en 1892; pero lejos de ello, ya lo vimos, México fue condenado a pagar anualmente los intereses. Había, más que razones, fuerzas y presiones políticas que harían que el caso se revisara más tarde, en 1902, en la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, cuya sentencia estimó que el falló de 1875 había sido cosa juzgada y, "consecuentemente obligó a México a pagar 1420,682.67 pesos por anualidades vencidas por réditos del fondo piadoso, de 1869 a 1902, más una renta anual a perpetuidad de 43,050.99 pesos en moneda de curso legal en México" (p.44). Estos "intereses" se pagaron salvo alguna interrupción en los años de la intervención, hasta 1967, cuando la cuestión se finiquitó por intercambio de notas diplomáticas.

Antonio Gómez Robledo explica, según apuntamos, los antecedentes del Fondo Piadoso de las Californias, cuya accidentada historia tiene que verse en relación con la historia de la evangelización y, particularmente, con la de la Compañía de Jesús, su expulsión en 1767, su posterior extinción y restablecimiento y con la historia de la política española y mexicana sobre los bienes de las llamadas temporalidades. De todo ello sale en claro el acierto del dictamen de Vallarta al que, sin embargo, Gómez Robledo reclama una posibilidad más que hubiera favorecido a México ante el tribunal de La Haya en 1902; pues Vallarta, pese a tener los elementos a mano, no impugnó la supuesta calidad de cosa juzgada que luego se atribuyó al fallo de 1875 y con base en lo cual México fue condenado al pago de intereses, según hemos comentado.

De 1890 son los dictámenes de José María Gamboa e Ignacio Vallarta sobre el abuso de aguas de los ríos Bravo y Colorado y sus afluentes, a los que introduce Gómez Robledo en el capítulo III del libro que comentamos. La fábula del lobo y el cordero es recordada con oportunidad para situar el hecho en la historia universal de la injusticia frente a la que se rebelaba México en sus reclamaciones.

José María Gamboa elucidó los derechos que asistían a México valiéndose del Derecho Romano, de la tradición que lo continúa en el Derecho Castellano de la Edad Media y en el Derecho Civil de su época; Vallarta, como buen jus-publicista que era, en el Derecho Internacional, desde Vattel a sus días; aunque debemos advertir que esa sustentación no es exclusiva, pues en el dictamen de Gamboa hay buen uso del Derecho Internacional y en el de Vallarta lo hay del Derecho Romano y del Civil. Sin embargo, el predominio del derecho privado en el primero y del público en el segundo hace comentar a Gómez Robledo que "no es aventurada la hipótesis de que los dos se hubieran dividido el trabajo, a tal punto que ambos son complementarios entre sí"(p.97).

Las posibilidades que ofrecía el derecho positivo en 1890 eran escasas, pues la historia empezaba apenas a registrar los efectos de abusos de alcance industrial -digámoslo así- que veríamos en años posteriores por aquellas tierras en que se ha hecho más patente la lejanía de Dios y la proximidad de los Estados Unidos. Pero la doctrina proporcionó a nuestros dos jurisconsultos buen cúmulo de ejemplos y de buenas razones para afirmar los derechos de México frente a la extracción de aguas que empobrecía el cauce de los ríos internacionales. Si la idea de quienes favorecían los intereses de los Estados Unidos era que esa extracción se realizaba en territorio norteamericano en los afluentes del río Grande y del río Colorado y el partes del cauce de estos ríos que no eran limítrofes entre México y aquel país, y que, conforme a un malentendido derecho, era potestad de los estadounidenses disponer de sus corrientes, Gamboa y Vallarta señalaron la calidad de éstas como "aguas internacionales", que como tales debían conservarse y respetarse en beneficio de las naciones limítrofes.

La posición norteamericana que sancionaba el egoísmo brutal, se impondría años más tarde, en 1895, bajo el título de doctrina Harmon; pero el hecho estaba señalado en justicia y arreglos posteriores conformes con el Derecho Internacional, a partir de 1906 y que culminan en 1944 con el Tratado Internacional de Aguas, darían la razón a Gamboa y a Vallarta.

Voy alargando mucho, pues no he resistido la tentación de entrar en la descripción de hechos e ideas que el texto de Gómez Robledo y los documentos por él agrupados nos muestran incitándonos a la plática detallada. Prometo abreviar, sólo quiero destacar que en los dictámenes sobre el abuso de aguas se da una descripción que hace evidente el conocimiento angustioso de la realidad fronteriza, de esas sociedades afectadas en su habitat por hechos aparentemente locales, como la irrigación y las magnas obras de empresas norteamericanas, movidos por una potencia internacional a la que hay que someter, como condición para la sobrevivencia, al derecho.

Como ministro de relaciones exteriores, en 1878, hubo de actuar Vallarta en "La Defensa de Belice", según llama Gómez Robledo al capítulo IV, que introduce a la nota diplomática en que Vallarta rechazó los cargos que el gobierno de Gran Bretaña hacía al de México por el incidente del asalto que grupos mayas perpetraron al Orange Walk, y que los británicos pretendían hacer una cuestión internacional.

Tal es el incidente, suscitado años antes; el fondo es la historia del abuso que los súbditos británicos venían perpetrando al alegar derechos de políticos sobre tierras que, desde la dominación española, se les habían concedido en usufructo, bajo el pleno reconocimiento de la soberanía del monarca español y que debía corresponder a México como consecuencia de la declaración de independencia. Es una historia local que se complica en las líneas divisorias al grado de hacer confusos los derechos políticos de México y la Gran Bretaña, pero que Vallarta aclara en el plano de las relaciones diplomáticas aun a precio de hacer callar ciertos testimonios de episodios circunstanciales que pudieran entorpecer la visión de la historia diplomática, como fue el hecho del nombramiento que hizo Comonfort de un cónsul mexicano, que llegó a tener el exequatur de la reina Victoria, y de otro cónsul nombrado por Juárez en 1860 durante los difíciles momentos de su gobierno establecido en Veracruz.

Pero sea como fuere, la historia que hace Vallarta en su nota muestra cómo del usufructo de unas tierras se pasó arbitrariamente al desconocimiento de los derechos de México reconocidos por los británicos en documentos diplomáticos antes y después de la independencia de México. Bajo esa historia diplomática hay hechos repetidos desde la primera mitad del siglo XIX, que Vallarta trae a cuento; se trata de la provisión de armas que los británicos hacían a los grupos mayas para que se internaran en territorio mexicano, para que robaran y para beneficiarse con el comercio del botín obtenido por los indígenas en esas correrías. El pretender que uno de los jefes disgustado con los británicos haya perpetrado el asalto de Orange Walk, actuando como general y por orden de las autoridades mexicanas, resultaba inadmisible a la luz de tantas evidencias, como lo señala Vallarta en su nota, Gómez Robledo complementa la historia viendo hasta los mediados del siglo XVII, es decir, desde los orígenes del asentamiento británico en esas tierras cuando el filibustero Peter Wallace (de cuyo nombre, dice nuestro autor, se derivó el de Belice: Wallix-ValixBelice; aunque hay otras versiones: Ixta-Balis=Camino blanco) se estableció allí para llegar a nuestro siglo, cuando la doctrina de la autodeterminación de los pueblos favoreció en 1981 la aparición de un Estado independiente miembro de las Naciones Unidas. En su relato Gómez Robledo ha hecho también una disertación histórica sobre los conflictivos límites de Belice, tanto con Guatemala como con nuestro país, pues un falso lindero -de historia cartográfica y pintoresca, más que de mediciones y estudios sobre el terreno- se estableció en 1882 sin que México pusiera a salvo sus derechos o lograra algunas ventajas, como sí lo hizo Guatemala.

El jurista que es Gómez Robledo saca buen provecho para hacer del "Memorandum de la Décima Conferencia del Secretario de Relaciones Exteriores y el Ministro de los Estados Unidos, Señor Foster", del 23 de noviembre de 1877, un capítulo, el V de su libro, sobre el "reconocimiento de Gobiernos".

La cuestión es ésta: al asumir Porfirio Díaz la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1876, procura el reconocimiento de su gobierno, envía luego cartas autógrafas a los jefes de Estado de los países con los que México tenía o había tenido relaciones. Todos contestan positivamente, salvo el representante de Estados Unidos, quien se limita a "acusar recibo con un seco epígrafe unofficial, como para señalar el carácter personal de la respuesta"(p.8 l). Las cosas se complican y Estados Unidos impone como condición para el reconocimiento muestras positivas de la buena voluntad de las autoridades mexicanas. Estas pruebas positivas eran, en realidad, exigencias impuestas a México: "la rectificación de la frontera fluvial, alterada por los caprichosos cambios del río Bravo; derogación de la ley que prohibía a los extranjeros adquirir bienes raíces en la llamada zona prohibida, o sea a cierta distancia de los límites internacionales; pago de daños causados por la revolución de Tuxtepec; la exención de los estadounidense de los préstamos forzosos que en aquella época solían decretarse en situaciones de urgencia; y por último, pero no por cierto lo menor, la celebración de un tratado que permitiera a las tropas de Estados Unidos cruzar la frontera para internarse en nuestro territorio en persecución de indios salvajes, o en general de malhechores o merodeadores de que estaba infestada la zona fronteriza"(p.83).

Condiciones inaceptables que Vallarta rechazó con firmeza pese a la situación crítica de la zona fronteriza, donde las cosas se pusieron color de hormiga cuando el enfrentamiento de las tropas de ambos países estuvo a punto de estallar en hecho de armas y en un conflicto internacional de proporciones mayores.

Gómez Robledo ha narrado el feliz desenlace de esos acontecimientos y ha señalado la trascendencia que en la doctrína del Derecho Internacional ha de atribuirse a la nota de Vallarta. Al confirmar el rechazo de condiciones dictadas por el gobierno de un país para el reconocimiento del de otro, advierte Gómez Robledo, Vallarta inició el camino de lo que en 1930 se definiría como la Doctrina Estrada, en la que, como es sabido, se corta por lo sano evitando el reconocimiento de gobiernos como condición de relaciones diplomáticas, pues el gobierno de México, según Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores y hombre de letras, mantendría o retiraría a discreción, a sus representantes e igualmente aceptaría o rechazaría a los de otros Estados sin juzgar el derecho de otras naciones para mantener o sustituir a sus gobiernos.

Vallarta hablaba de reconocimiento de gobiernos y Estrada no lo hace, hay, pues, un abismo textual insalvable como lo ha hecho notar Moisés González Navarro argumentando contra la pretendida secuencia entre la nota de Vallarta y la doctrina Estrada. Gómez Robledo acepta la evidencia literal, pero advierte que no es la letra sino el espíritu lo que vincula la tesis de Vallarta con la doctrina Estrada, pues aquella insiste en que no hay que condicionar el reconocimiento de un gobierno al juicio del Estado que reconoce y ésta va en consecuencia al problema apuntado en esa tesis desechando lo que puede suscitar el condicionamiento, es decir, la idea misma del reconocimiento de gobiernos como principio de las relaciones diplomáticas.

Y yo me pregunto, ¿en cuántos textos de Vallarta no se advierte ese cuidado del juspublicista ante la delicada cuestión de la autoridad estatal? ¿No se podría, por ejemplo, ver en el ámbito del derecho nacional de una federación cuando en sus votos se hizo cargo, desechándola, de la tesis de la incompetencia de origen como condición de la procedencia de ciertos amparos? El jurista tiene aquí un campo abierto para varios capítulos de reflexión. Gómez Robledo nos ha dado, sobre un texto de Vallarta relativamente breve un amplio capítulo, mucho más amplio que el texto comentado al que dice que sólo hace una introducción.

Ocurre lo mismo con el penúltimo de sus capítulos, el relativo a la "Unión Hispanoamericana", que sirve de comentario a las instrucciones que el Secretario de Relaciones Ignacio Vallarta dirigió en 1878 a Leonardo López Portillo, ministro en Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, para la firma de tratados con cada uno de esos Estados a fin de lograr una unión de los países hispanoamericanos, con ánimo de cooperación frente a un país hostil por la situación fatal de Hispanoamérica.

Gómez Robledo muestra, apelando a la historia de la idea de la Unión hispanoamericana desde Tadeo Ortíz, cómo Vallarta, a través de medios prácticos y expeditos, como son los tratados internacionales con la cláusula de nación más favorecida, pensaba lograr esa unión sin entrar en la complicación de una organización compuesta por varios Estados soberanos.

Hasta esta parte el libro de Gómez Robledo nos ha llevado de ejemplo en ejemplo por el pensamiento jurídico internacional de Ignacio Vallarta, saltando de tiempo en tiempo y de personaje en personaje: el juez, de 1882 en el caso del amparo Patricio Milmo; el abogado consultor, en los dictámenes sobre el Fondo Piadoso de las Californias, en 1892, y en 1890, sobre las aguas de los río; Bravo, Colorado y sus afluentes; para irse atrás en años y llegar al Secretario de Relaciones Exteriores en 1878 y su nota sobre Belice, en 1877 sobre la cuestión del reconocimiento de gobiernos y, volviendo al 78, sobre la manera práctica de lograr la unión hispanoamericana. No podemos lamentar ese desorden cronológico, pues cada texto es ceñido en su entidad propia por los capítulos verdaderos estudios monográficos- introductorios. Además, hay una secuencia doctrinal desde el punto de vista del Derecho Internacional Público. Este ha sido el punto de partida y de llegada de nuestro autor al agrupar y comentar los textos de Vallarta.

Pero para el quisquilloso en materias de orden biográfico y temporal hay un último capítulo, el VII, sobre la "Vida de Vallarta", donde los personajes que hay en las funciones que desempeñó el jurista encarnan en la biografía del jalisciense como hombre político y, hasta donde las fuentes de conocimiento lo han permitido, como hombre a secas.

Este es el capítulo que muchos, entre ellos yo, reclamamos como principio de la obra. Pero la verdad es que su situación va a tono con el propósito del libro -Vallarta internacionalista, definiendo problemas del derecho internacional- y el orden no altera la calidad ni la claridad del producto.

Además creo que hay un acierto, pues Antonio Gómez Robledo sobrepuso su carácter de jurista al orgullo de jalisciense, que aflora ya sin disimulo al rematar el libro con la biografía de su paisano. Y ya que estamos en materia de paisanajes diré que Antonio Gómez Robledo pertenece a una ilustre generación de jaliscienses ligada con otra generación de jaliscienses no menos ilustres, como la de José Arriola Adame, abogado, luego notario y siempre melómano y hombre de letras (más leídas y platicadas que escritas) con quien Gómez Robledo se inició en el aprendizaje del Derecho Internacional allá en Guadalajara y sobre quien nuestro autor escribió una rememoración llena de gratitud el año de su muerte, 1962, en la revista Abside.

En torno a Arriola y a esa revista hay figuras de más o menos edad, pero igualmente fértiles en las letras mexicanas, como los Zamoranos Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, los jaliscienses Agustín Yáñez y Efraín González Luna. En fin que el recuento nos llevaría por personajes, profesiones y carreras muy distintas, pero lo que a mí me ha impresionado es la cultura literaria y artística de la Guadalajara de los años veinte y treinta que luego habría de manifestarse en el destino de quienes convivieron allá y vivieron después en otros lugares. A algunos los he conocido, al que más traté fue al músico Jesús Estrada, y traigo esto a cuento porque en mis aficiones musicales solía don Jesús fomentar mi entusiasmo perdonando mis deficiencias técnicas y, lo que es más grave, faltas de conocimiento elementales. Pues bien, espero que Antonio Gómez Robledo favorezca mi entusiasmo ante sus obras y perdone las faltas que he cometido al apreciar ésta sobre Vallarta internacionalista.


Inicio del artículoRegreso