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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Primavera 1988

La Información Requerida para Emitir un Juicio


La democracia es, según la definición de Valéry, el arte de interrogar a los hombres sobre aquello que ignoran. Cabría preguntarse qué es lo que hace la radiodifusión en un régimen democrático. Existen dos respuestas posibles: o bien la radio trata de enseñar a los hombres lo que es necesario para responder razonablemente y con conocimiento de causa a las preguntas planteadas por el régimen y, en este caso, hablamos de la radio educativa; o bien, la radiodifusión se empeña en dictar a los radioescuchas la respuesta correcta, ya sea disimulando ciertos elementos del problema, ya sea imponiendo por la fuerza de la obsesión una única respuesta, es decir, una respuesta dictada que después se convierte en propaganda. Entonces la radio educativa sería aquella que falsearía la fórmula de Valéry, pues permitiría dar a conocer a los hombres, en caso necesario, la respuesta inteligente para responder a las preguntas que se les plantearan.

Si se consulta a los profesionales de la radio acerca de la función de la radiodifusión en una democracia, en la respuesta de todos no habría titubeos: la radio tiene la función de enseñar a los hombres lo que es necesario saber para responder inteligentemente a las preguntas de la democracia; entonces, la primera exigencia sería proporcionar a los radioescuchas todas las informaciones necesarias para conocer los problemas; en segundo lugar y en un nivel superior, ofrecerles la información política para juzgar los problemas y, en tercer lugar, dado que la política es esencialmente un diálogo, si consideramos que no hay ciencia capaz de decirnos lo que tenernos que hacer en determinada situación, será necesario presentar a los radioescuchas todos los argumentos favorables frente a posibles soluciones bajo una forma impecablemente objetiva, es decir, sujeta a la discusión.

Idealmente, la radiodifusión democrática debería ser objetiva en cuanto a la información, científica en lo relativo a la educación y libre cuando se trate de la discusión.

Si la radiodifusión se sujetara a este ideal, pensamos que estos tres conceptos deberían corresponder a la práctica, pero de hecho, ninguna radio responde completamente a esas exigencias. Sin embargo, en la práctica se pretende alcanzar este ideal dependiendo de la especificidad de cada una de las organizaciones prevalecientes en los distintos países.

1. En todos los países democráticos existe una organización cuyo objeto es limitar la influencia gubernamental sobre la radiodifusión. No obstante, en teoría, mientras mayor sea ésta, el aspecto de la propaganda es más acentuado. Ahora bien, el hecho de privilegiar a un solo partido sería contradictorio frente a lo que debe ser una radiodifusión democrática, por lo que cualquier es tatuto reglamentario de la radio debe eliminar toda posible influencia propagandística del gobierno en función y, en caso de no poder hacerlo en forma radical, ésta tendrá que reducir su acción a expensas de la objetividad de la información o del caracter científico de las charlas o conferencias educativas, e incluso tendrá que sacrificar el marco de libertad de las discusiones políticas.

Debido a que los gobernantes representan sólo a uno de los partidos en disputa por el ejercicio del poder y por ser los virtuales opositores del mañana, es obvio que, según los intereses del bien común, los ministros no puedan someter la radio al servicio de su partido o sus ideas.

2. Todas las organizaciones democráticas de la radiodifusión tienen como objeto garantizar la pluralidad de las opiniones en la radio y la televisión, Así, en todas las democracias occidentales, una vez llegado el momento de las elecciones se distribuye el tiempo disponible entre los diferentes partidos. Esa asignación de tiempos es una especie de demostración simbólica de la objetividad de una radiodifusión que, antes o después de las elecciones no llega, la mayoría de las veces, a alcanzar el ideal de la democracia. Me refiero a algo parecido al show window de los ingleses, que pretende convencer al público de que la radiodifusión pertenece a todos y a ninguno.

Es necesario ser justos y reconocer que no sólo es el gobierno el encargado de la propaganda -en realidad ésa es su funciónsino que la existencia de dos fuerzas sospechosas nos lleva a pensar que están directamente inmiscuidas en una acción política dentro de los medios de comunicación. Si se nos permite, diremos que los primeros son nada menos que los periodistas (pedimos disculpas a los amigos dedicados a la radio por lo que acaba mos de decir). Estamos seguros de que no develamos ningún misterio al afirmar que hemos visto, en muchas ocasiones, al personal de cierto noticiero televisivo literalmente ahogado debido a las presiones ejercidas por cierto partido político. Ahora bien, pensamos que para ser periodista no se deja de ser hombre; tampoco se trata, por ningún motivo, de que los periodistas de la radio escapen a las presiones políticas que animan a los simples mortales.

Pasemos entonces a considerar una segunda categoría de sospechosos representada por lo que en Francia se denomina "las fuerzas del dinero" o "los grupos de intereses". En efecto, ahí donde existen varias cadenas radiodifusoras de propiedad privada o alquiladas por organismos económicos, es claro que sus dueños o financieros ejerzan, en algún momento, cierta presión sobre los trabajadores de la radio. Desafortunadamente, no se pueden tomar en forma simultánea todas las precauciones para evitar toda clase de influencias. Si se quiere limitar la presión del Estado en favor de las organizaciones privadas, es posible lograr la reducción de la propaganda gubernamental pero se corre el riesgo de aumentar la de las fuerzas del dinero. Si los periodistas gozaran de un estatus de independencia absoluta, entonces la influencia del gobierno sobre ellos podría limitarse, pero no se sabría qué uso harían de su autonomía.

En todo caso, no hay solución perfecta, pues por definición toda radiodifusión lleva en sí el riesgo de la "politización". No obstante, en todos los países democráticos los reglamentos tienden a limitar ese riesgo buscando ciertas fórmulas que, evidentemente cambian según los países.


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