©ITAM Derechos Reservados.
La reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.

ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1988

III. Una ojeada a la agitación social en la primera mitad del siglo XIX.


La historia de las insurrecciones campesinas en el actual estado de Morelos se remonta a la participación activa que tuvieron, sobre todo los valles de Cuautla y del oriente, en la lucha por la independencia, encabezada por José María Morelos (1811-1815; para Cuautla especialmente el año de 1813). Dice Warman: "los criollos rancheros y sus vaqueros mestizos, el clero rural y los comuneros indígenas, dieron su apoyo a Morelo, que realizaba el esfuerzo más lúcido y congruente para convertir la lucha política en una revolución social con matices agrarios". [Nota 24] De la zona destacaron dos jefes militares: Francisco Ayala de Mapastlán (en la región hoy llamada Villa de Ayala) y Mariano Matamoros, cura párroco de Jantetelco.

Con la victoria de Iturbide se consiguió la independencia política y se conjuró la amenazante revolución social que tanto temían los criollos y propietarios, pero el precio que hubo de pagarse fue el de una larga etapa de violencia, caciquismo, pronunciamientos militares y un bandolerismo crónico que iba de lo pintoresco a lo crudelísimo. Inaugura esta etapa para Morelos el levantamiento de Vicente Gómez en 1823, como un contragolpe a un pronunciamiento de los hacendados. Este movimiento llegó a adquirir fuertes connotaciones raciales y agrarias que cayeron en la manipulación criolla que habría de desembocar en la expulsión de los españoles en 1827, decretada primero en el Estado de México y después extendida a todo el país. [Nota 25] Reflejo de esta situación lo da el documento que notifica al Ministerio de Gobernación de las actividades del coronel Ordiera y el "faccioso" D. Loreto Cataño en septiembre y octubre de 1828. El prefecto interino de Cuernavaca informa de los asaltos cometidos por Cataño a la hacienda de Oacalco y en los alrededores de Cuautla: Cataño "...comete excesos en cada hacienda y cada pueblo por los que pasa y que no pueden defenderse por sí mismos". Se notifica también que el "faccioso" Loreto Cataño, al mando de una gavilla de unos 18 hombres, atacó las haciendas de Tenango y Tenestepango y siempre en ellas "...roba, asalta, mata españoles --y aún americanos pacíficos" (el subrayado es mío). Es significativo que la denominación de "español" es una designación étnica utilizada aquí para señalar una situación de diferencias sociales, ya que se está haciendo referencia a los hacendados de la región. Por el Monte de Ayozingo se percibe a Cataño y Ordiera acaudillando una partida de 30 hombres que llegaron incluso a posesionarse de Cuautla y, al ser desalojados por la guardia nacional, merodearon por los rumbos de Totolapam y Tlayacapa, descubriendo el alcalde del pueblo de Ozumba que sus miras eran "revolucionar en los pueblos de este Partido a favor del Plan de Gral. Santa Anna". Su pronunciamiento pide la expulsión de todos los españoles y condena "las actuales instituciones" (proclama fechada el 26 de septiembre de 1828) "que no respetan los decretos de la Sagrada Carta Constitucional y las garantías por ella otorgadas a todos los mexicanos". [Nota 26] Es muy posible que antes que un movimiento puramente político tengamos aquí el reflejo de un movimiento social, aunque también se percibe la inestabilidad en el gobierno y el clima general de inseguridad.

En efecto, después de la Independencia existe una atomización del poder, un Estado nacional incapaz de conducir al país política y económicamente por ser excesivamente débil frente a una miríada de poderes locales afianzados en la propiedad de la tierra, y cuya expresión frecuente es la figura de los caciques (usualmente militares convertidos en terratenientes en sus lugares de origen). Tal situación se manifiesta nítidamente en el documento del año 1829 en que el gobierno del Estado de México comunica al Ministerio de Gobernación sobre "una multitud de ladrones y asesinos que andan cometiendo los mayores excesos ya en los caminos, ya en las mismas poblaciones"; el alcalde de Cuautla reporta en enero de 1829 que su municipalidad " ... se halla sumida en la confusión y el desconsuelo (...) que no se remediarán si no se le proporcionan los auxilios necesarios"; al efecto, reporta una dispersión de armas considerable, portadas unas por "... la infinidad de reos que fueron libertados por el ciudadano José Ma. Larios, y otras por los cívicos dispersos que comenten toda clase de abusos", "bandidos que paralizan el comercio, las artes y la agricultura". Pide angustiadamente la reinstalación "en el mayor orden" de la milicia cívica; la autorización para recoger las armas y poder así perseguir implacablemente las numerosas cuadrillas de salteadores; pide con urgencia el envío de una partida de caballería del ejército permanente para contener los excesos que a diario se cometen. Todo lo cual se le concede. Para abril de 1829, las autoridades y funcionarios de Cuautla manifiestan al gobierno, por conducto del señor prefecto de Cuernavaca, la necesidad de la permanencia de dicho destacamento, pues temen que su retiro altere el orden público, puesto que, subrayan, subsisten las causas por las que se mandó.

El 27 de abril de ese mismo año, ante la fuga escandalosa de los presos, Cuautla pide ayuda militar. Y para junio el prefecto de Cuernavaca informa que el 23 de mayo requirió del comandante militar de la ciudad de Morelos un auxilio de 15 o 20 hombres con objeto de "contener los robos que se están cometiendo en algunos puntos del tránsito de esta villa para la ciudad, y que estuvieren al mismo tiempo al cuidado de las operaciones de algunos individuos que forman reuniones proyectando revolucionar en combinación con otros del rumbo de Morelos tomando por principio, según entiendo, perseguir, y acaso asesinar a los españoles que existen en esta Villa para cometer otra multitud de robos y desórdenes que se repetirán en las haciendas y pueblos del Distrito"; expresa además que es más necesaria la ayuda solicitada "ahora (que el gobierno del Estado) se ha enterado de que las armas del pueblo de Cocoyoc se han extraviado y no se sabe qué destino hayan corrido". Se pide la permanencia del referido destacamento de caballería en la ciudad por considerarse de la mayor importancia para el mantenimiento de la tranquilidad pública, así como también se solicita el envío de algún auxilio, por mínimo que sea, pues la existencia de armas en el Estado es insignificante y no está en una total seguridad "...pudiendo servir a los propósitos de los enemigos del orden". Para su mayor desesperación, el auxilio se niega por falta de recursos para movilizar la tropa. [Nota 27] Patéticamente se manifiesta aquí la angustia con que se pide ayuda al gobierno central para contener la violencia, desorden social y bandidaje, y la debilidad del mismo para proporcionarla.

Según expone Arturo Warman, el gobierno liberal de Gómez Farías impuso medidas radicales como la suspensión del diezmo a la Iglesia y la expropiación del Marquesado del Valle, por lo que no fue casualidad que en 1834 se promulgara el Plan de Cuernavaca, que depuso al gobierno de Gómez Farías y otorgó el poder a Santa Anna, quien lo conservó intermitentemente durante 20 años, durante los cuales, y gozando de su protección, las grandes propiedades se extendieron como el aceite, siempre a costa de los pueblos. [Nota 28] Mientras tanto, la legislación liberal va liquidando la propiedad comunal en todo el país, hasta culminar con las Leyes de Reforma, lo cual significó continuos levantamientos por un lado, y por otro el proceso de consolidación del Estado liberal.

Por si esto no bastara, la guerra de intervención norteamericana en 1847 afectó a los campesinos por la devastación de sus campos y el alza desmedida en los impuestos. Señala Leticia Reina: "A estos problemas respondieron directamente los campesinos de Morelos y del Estado de México entre otros. Las luchas campesinas del valle de Morelos quedaron involucradas en esta guerra donde se hizo notar la posición ambivalente del Gral. Juan Álvarez" (quien jugaba una balanza de equilibrios entre intereses en oposición aguda) y el que acabó por dar apoyo a los hacendados y desoír las peticiones campesinas. [Nota 29]

Este clima de desorden e inseguridad generado por la intervención norteamericana como un sobreañadido a conflictos ya existentes, se deja ver en el informe que hace el comandante general del Estado de México el 21 de diciembre de 1847 al Ministerio de Guerra sobre las órdenes dadas por el gobernador del Estado de México para levantar fuerzas, principalmente en el Distrito de Cuernavaca, cuyo objeto se teme sea un golpe a las tropas allí residentes, en tanto que el comandante militar de Iguala habla de un movimiento revolucionario " ... y todos estos datos confirman siempre los procedimientos del Sr. Olaguivel (el gobernador), sin calcular hasta dónde podrán llegar sus desmanes. Por mi parte se han tomado todas las precauciones que exige la providencia... pero séame lícito, Sor. Exmo. señalar la conducta de S. Olaguivel como la más loca e insolente, y que puede causar males inconcebibles a esta Nación desgraciada, juguete por una parte de las facciones, y presa por otra, del enemigo común, a quien los primeros ayudan para su exterminio". En demanda del comandante general del Estado de México se ordena al gobernador que conserve la tranquilidad pública y se le urge al cese de toda división en aquel Estado, especialmente en el Distrito de Cuernavaca. Este último, por su parte, replica no tener noticia alguna de los intentos revolucionarios de que se le habla y expone que más bien "...he tenido serios temores, no disipados todavía, de que los jefes militares que se encuentran desde Cuernavaca hasta Acapulco por medio de las providencias atentatorias que están dictando se preparan, según la voz pública, a aprovechar la ocasión favorable para desarrollar sus antiguas tendencias contra el sistema ...". [Nota 30]

No es difícil que en estos conflictivos vaivenes el campesinado haya sido utilizado como carne de cañón, aunque también, como contrapartida, pudieron ver la oportunidad para levantarse en defensa de sus propios intereses.

Así, como expone Leticia Reina, a principios de 1848, los campesinos de la región occidental del Estado de Morelos, hasta la colindancia con el de Guerrero, comenzaron a actuar violentamente en contra de los hacendados debido a usurpaciones territoriales contra los pueblos. Figuran en estas sublevaciones los campesinos pertenecientes a los municipios de Sochultepec, Miacatlán y Tetecala. [Nota 31] Los campesinos estaban acaudillados por el teniente Manuel Arellano, sujeto a las órdenes del general Álvarez. Arellano entró con la tropa y campesinos a la hacienda de Chiconcuac: y a la de San Vicente, donde levantaron mojoneras que señalaban la recuperación de tierras comunales. El apoyo de la guardia nacional a los campesinos continuó su acción de expandir linderos de las propiedades de la Cañada de Cuernavaca; los hacendados, alarmados, pidieron ayuda a las tropas norteamericanas para proteger sus propiedades. Al enterarse Álvarez de esto, reprobó la conducta de Arellano y sus seguidores, expresando la necesidad de un castigo pertinente. Al lavarse las manos Álvarez de la responsabilidad por la invasión de las haciendas, y retirar la guardia nacional su apoyo a los campesinos, se pacificó de inmediato la región occidental de Morelos. [Nota 32]

En 1849, desocupado el país por las tropas norteamericanas, en el noreste del Estado de Morelos hubo otro brote de lucha campesina apoyada por 480 soldados de la guardia nacional. "En esta ocasión también participó el alcalde de Tlayacapan, Sixto Sosa, en la invasión hecha a la hacienda de Vacaleo para la recuperación de tierras comunales. También aquí el movimiento se cegó al dictarse órdenes de sometimiento para el alcalde y los soldados de la guardia nacional". [Nota 33]

Arturo Warman da noticia de la reunión de 400 hombres en Tlayecac para reclamar tierras y mejores salarios en las haciendas en 1849, así como de una rebelión frustrada en Jantetelco, que parecía muy extendida, al ser apresados los cabecillas.

También en ese año Mariano Arizcorreta, gobernador del Estado de México, en la circular del 18 de julio, girada en respuesta a las quejas de los hacendados sobre invasión de tierras de las haciendas, denuncia las causas de la protesta campesina: "Persuadido el Exmo. Sr. Gobernador que la facilidad con que los promovedores de asonadas y motines mueven a los indígenas para sublevarse, resultado de que éstos se encuentran casi en su totalidad resentidos con los hacendados, sus vecinos, ya porque algunos de ellos tienen usurpadas todas o la mayor parte de las tierras de repartimiento, las que han adquirido por engaños, clandestinamente o por la fuerza, y porque en otras haciendas, principalmente en las de la Cañada de Cuernavaca y en las de Tierra Caliente, de los cortos jornales que pagan a sus trabajadores, dan una parte en papel que sólo tiene valor en sus propias fincas, precisando así en aquellos infelices a que lleven efectos que por lo regular son de mala calidad y muy caros". [Nota 34] Pide Arizcorreta, en esa ocasión, se celebre una reunión con los dueños de las haciendas e ingenios de Tierra Caliente "en cuyo punto se advierte mayor disgusto y resentimiento de la clase indígena" y busque convencerlos para que traten mejor a los campesinos y dejen de usurpar los terrenos comunales. En respuesta a dicha circular, los hacendados movieron influencias y lograron que Arizcorreta dejase el poder, entonces el ex-gobernador publicó un manifiesto exponiendo que los antecedentes de la circular que irritó a los hacendados era un cúmulo de quejas que había recibido el gobierno del Estado sobre las usurpaciones y abusos cometidos en contra de los pueblos hasta dejarlos sin terreno alguno en que verificar sus siembras, por sobre tales quejas se recibió " ... una nota del Sr. Prefecto de Cuernavaca en que se comunicaba que en Jantetelco iba a estallar una sublevación, que se había aprehendido a algunos de sus promovedores, aunque se había fugado el principal; que ella tenía por objeto ostensible el hacerse de terrenos, recobrando su fundo legal, y la que aparecía bastante ramificada... Entonces el gobierno del Estado vio que ya amagaba próximamente un rompimiento en que se apelase a las vías de hecho con perjuicio del sosiego público, de las propiedades particulares y de la paz de la nación. Calculó, acaso con error... que si esa sublevación estallase, las primeras víctimas serían los dueños o administradores de las haciendas contiguas a los pueblos, y éstas las primeras fincas arruinadas y desoladas por la sublevación, y que por lo mismo debía hacerse algo que liberase a los propietarios de ese funesto azote, que evitase la alteración de la tranquilidad y que, en caso de que esto no se pudiese lograr, el gobierno, en virtud de la medida que hubiese dictado, se encontrase más fuerte y pudiese descargar su poder contra los insurrectos, no dejándoles ni un pretexto con que disculpar su delito". [Nota 35]

El triunfo de los hacendados se hizo redondo cuando en 1850, el prefecto de Cuernavaca, nombrado después de la renuncia de Arizcorreta, pidió que se promulgara una ley agraria " ... que moralice a los trabajadores de las haciendas, concediendo a sus dueños y administradores facultades correccionales sobre sus dependientes..." [Nota 36] "A partir de entonces los hacendados actuaron públicamente de manera organizada, si bien hacía mucho que se movilizaban de manera clandestina... sus acciones públicas se concretaron en dos modalidades principales: como grupo de presión política frente al Congreso, el gobernador y el presidente, y como patrones de fuerzas armadas particulares que contribuyeron a la creación y mantenimiento de un clima de violencia en Morelos que persistió hasta 1875". [Nota 37]

Un clima tal es reconocido de facto por circulares como la del 24 de julio de 1855, emitida por el gobierno del Distrito de México, que reza como sigue: "... Queda comunicada a las autoridades dependientes de este Gobierno para su cumplimiento la orden suprema en que SAS. se sirve prevenirme se persiga con el mayor empeño a toda gavilla que invocando algún principio político cometa violencia de cualquier género, ya difundiendo la alarma entre los habitantes pacíficos, ya lanzando a la carrera del crimen a los incautos que eligen para instrumentos de las mismas ...". [Nota 38]

Según expone Leticia Reina, hacia 1850 las haciendas del noroeste del Estado de Morelos no sólo habían recuperado las tierras invadidas por los campesinos en 1848, sino que continuaron su avance territorial contra las propiedades indígenas. La insurrección no se haría esperar. Tal fue el caso de una comunidad de la municipalidad de Cuautla, vecina de la hacienda de Santa Inés. En octubre los comuneros rompieron la barda de piedra que el hacendado puso en el campo de San Martín, propiedad de la comunidad, ante lo cual el dueño de la hacienda pidió ayuda militar para contener a los campesinos de diferentes pueblos que comenzaban a movilizarse. Los guardias rurales (creados por la ley del 9 de Octubre de 1849) fueron enviados a controlar el movimiento, pero en vez de ello se unieron a los campesinos y les dieron todo su apoyo. Las autoridades, alarmadas, prometieron investigar la posición de los linderos' pero esta promesa no fue eficaz por mucho tiempo, de manera que ante su incumplimiento muchos pueblos volvieron a levantarse, al parecer en contacto con otros del Estado de Guerrero. Ante el avance de la lucha, las autoridades militares recurrieron al desarme de la guardia nacional como medida para quitarle el apoyo a los campesinos levantados, con lo cual estos se pacifican. [Nota 39]

Para el año de 1852 comenzó otra sublevación, ahora en el pueblo de Xochitepec, al sur de Cuernavaca, motivada también por la pérdida de sus tierras comunales y el incumplimiento de su restitución por parte de las autoridades. Este movimiento se dirigió contra las personas de los hacendados y administradores públicos que nunca les habían hecho justicia; fue un movimiento efímero que terminó aparentemente con la aprehensión de sus cabecillas. Sin embargo, al año siguiente los mismos campesinos, unidos a más pueblos de Morelos, insistieron en sus peticiones. En efecto, en 1853, en el sur del Estado, frontera con Guerrero, el movimiento campexino prendió con renovada fuerza, iniciándose al sureste de Cuernavaca, en Tepalcingo, y pidiendo como siempre la restitución de tierras. Pronto el movimiento se generalizó y los campesinos de Tetecala y Tenancingo (Estado de México) se sublevaron abiertamente contra los hacendados. Como una mancha de aceite el movimiento siguió avanzando, ahora hacia el norte de Guerrero, en Tierra Caliente. Como la mayoría de la población campesina disponía de armas por haber formado parte de la milicia nacional, los hacendados y jefes militares estaban temerosos. Por ello se buscó apagar la acción reivindicatoria prohibiendo a los campesinos portar armas, y se situaron fuerzas destinadas a la represión cerca de los pueblos sublevados, para impedir cualquier acto contra las haciendas. [Nota 40]

El temor generalizado entonces hacia las erupciones de violencia campesina hace el trasfondo de la orden dirigida por el Ministerio de Gobernación al gobernador del Estado de México el 10 de junio de 1856 en el que se le manifiesta que " ... según noticias que tiene el Gobierno General, es de temerse un conflicto bastante serio entre los hacendados de la Cañadas y Amilpas con los pueblos inmediatos a ellas, y con motivo de usurpaciones territoriales de que dichos pueblos se quejan con más o menos fundamentos: que para evitar este conflicto, el gobierno general cree conveniente que el del Estado de México nombre dos o más personas que merezcan toda su confianza... con el objeto de que fuesen a practicar tan apeo y deslinde general, con previa citación de los pueblos colindantes para poner en claro las usurpaciones que hubieran hecho, y así mismo para poner perpetuo silencio a los pueblos que no hubieren sufrido ninguna..." [Nota 41]

Para 1856 y 1857, Leticia Reina registra movimientos de protesta ante hacendados en demanda de aumento del jornal por parte de los operarios de las haciendas cañeras. En el municipio de Yautepec primero, en Cuautla después, donde los operarios de caña de azúcar para presionar al dueño de la hacienda de Santa Inés a cumplir con sus demandas, quemaron parte de los campos de caña. Esto se repitió en la hacienda de Pantitlán, cerca de Oaxtepec y al parecer también los de la hacienda de Cocoyoc. Aunados a estos movimientos, hubo campesinos que empezaron a tomar los campos de cultivo de las haciendas. Para acabar con estas formas de protesta campesina, el presidente Comonfort ordenó en junio de 1856 el desarme de todas las poblaciones y haciendas del distrito de Morelos y del de Cuernavaca. Los campesinos considerados como autores de los incendios fueron encarcelados y se procedió a una suerte de ocupación militar permanente en la región. [Nota 42] A partir de entonces se sucedieron los levantamientos campesinos, aunque efímeros y fácilmente controlables, en Tetecala, Tenancingo, etcétera. [Nota 43]

A pesar de que los hacendados organizaron sus ejércitos mercenarios para reprimir a los campesinos y combinaron sus fuerzas con las del ejército federal muchas veces enviado en su apoyo, además de la presión política que como grupo pudieron ejercer, la paz no fue restablecida en la región. Esos ejércitos particulares pagados por hacendados fueron, eso sí, efectivos para aplastar los movimientos campesinos más nítidos y organizados, también funcionaron para liquidar oponentes y facilitar el despojo, pero el clima de violencia persistió, dando lugar al asalto en 1861 a la hacienda de Chinconcuac, en el que murieron algunos españoles, lo que serviría de pretexto a pretensiones intervencionistas. [Nota 44] La única salida que se dejaba al campesino era la protesta individual, que bajo la forma de bandolerismo proliferaba por todo el Estado.

Los bandidos que se harían famosos en la década de los 60 y medianías de la de los 70 formaban un grupo heterogéneo (a cualquier grupo no aliado de los hacendados y armado se le tachaba de "bandidos"), entre los que se hallaban en no poco número soldados regulares del ejército federal como e que menciona Warman haber asaltado Colhuecán el año de 1858. [Nota 45] Esto ha sido el motivo por el cual autores como Lamberto Popoca y Palacios, o el mismo Ignacio M. Altamirano, que escribieron entre 1885 y 1912, homogeneizan la formación de bandas de "Plateados" los bandidos más célebres de los años 60, achacándola exclusivamente al licenciamiento de las fuerzas auxiliares del Estado que habían luchado en las guerras entre liberales y conservadores en la guerra de Reforma. Esta óptica -que privilegia el nivel de conflictos políticos- hace posible también que ambos autores subrayen la cooperación de bandidos "Plateados" y liberales, aunque Altamirano la considera "un lamentable error", en la guerra de intervención francesa, de manera que la suposición, generalmente aceptada, de semejante, indiscutida alianza, pudiera hacer referencia, aunque esto no es nada claro, a caciques pequeños que hubieran podido ver en su cooperación con los más fáciles ganadores, la oportunidad de ascender un peldaño en sus respectivas posiciones de poder, puesto que resulta al menos dudoso atribuir una conciencia "patriota" a los lugareños todos, incluidos sus elementos "criminales".


Inicio del artículoAnteriorRegresosiguiente