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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Verano 1989

RACIONALIDAD POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA

Author: José Antonio Crespo[Nota 1]


La sociedad moderna ha sido definida en términos generales como aquélla organizada de tal forma que pueda optimizar el aprovechamiento de sus recursos sociales y naturales y cumplir de la manera más eficaz las necesidades básicas de toda sociedad (los llamados requisitos universales). Es decir, la que adopta en sus procesos sociales la racionalidad como norma de funcionamiento. Evidentemente no se trata de una racionalidad vacía, constituida como un fin en sí mismo, sino más bien de la idea de adoptar los medios más adecuados para la consecución de ciertos fines últimos, que no son otros que los que los griegos adjudicaron al Estado; el logro del mayor bienestar para el mayor número posible de habitantes, o en otras palabras, el bien común en su más amplia acepción. Durante la Ilustración francesa, que bien puede considerarse como el movimiento que sistematizó la legitimación de la sociedad moderna, esos fines quedaron definidos como igualdad, libertad y fraternidad, que de hecho son términos que expresan los antiguos ideales de la polis griega. La novedad del movimiento de la Ilustración no radicó pues en los fines de la sociedad (al menos desde la perspectiva histórica de Occidente) sino en la búsqueda de los medios para su consecución. La luz de la Razón --asequible a cualquier ser humano y cualquier sociedad- debidamente utilizada puede conducir a la solución de los problemas sociales y al bien común. La racionalidad se erige entonces como clave de eficacia social y felicidad humana, siempre y cuando se le aplique de manera sistemática y en todas las esferas de la sociedad; la economía, la educación, la política, la cultura, el derecho, etc.

De esa forma, el liberalismo económico se constituía como la vía más eficaz para incrementar la producción y la distribución de bienes y servicios: la meritocracia social -es decir la remoción de privilegios hereditarios como criterio fundamental para la distribución de los satisfactores sociales- permitiría promover mayor justicia social, así como mejor aprovechamiento de los recursos humanos; el derecho racional podría crear hábitos y promover conductas adecuadas a diversas circunstancias, por más cambiantes que éstas fueran; la separación de poderes, instrumento adecuado para prevenir el abuso de poder, daría lugar a una expansión de la libertad; el sufragio como procedimiento para designar gobernantes ampliaría la posibilidad de elegir líderes más capacitados y comprometidos con los valores y objetivos de la mayoría ciudadana, introduciendo de paso un criterio meritocrático (es decir de mayor justicia) en la lucha por el poder; y así sucesivamente. La justicia y la libertad, en suma, serían más fácilmente asequibles y en mucho mayor medida que a través de la organización del Antiguo Régimen, intrínsecamente injusta y opresiva.

Desde el punto de vista político en particular, el referente último al que la racionalidad debía servir era nada menos que el de la soberanía popular, idea que ha servido de fundamento a la legitimidad moderna hasta nuestros días. El poder no podría ser justificado, como lo había sido durante tanto tiempo, en términos de la voluntad divina, el derecho de la sangre o el carisma guerrero o religioso; tendría derecho a gobernar sólo aquél que se avocara a la tarea de satisfacer en lo posible las expectativas y anhelos de la sociedad en su conjunto y de sus componentes en lo particular.

Cualquier gobierno que pretenda modernidad política, se verá en la obligación de recurrir a estas razones para justificarse en el ejercicio del poder. Sin embargo, el concepto de soberanía popular dio lugar a dos racionalidades distintas, que a su vez generaron una subdivisión en las fuentes de la legitimidad moderna. Por un lado el bien común será definido como la seguridad ciudadana en su más amplia acepción (Hobbes), y cualquier gobierno que lograra garantizarla quedaría legitimado por esa vía. Mientras que, desde una perspectiva moderna e ilustrada sólo será legitimo el gobierno avocado a la consecución de la igualdad y la justicia social (Rousseau). Pero en ambos casos, el logro de sus respectivas metas no sería incompatible con sistemas de tipo autoritario, con lo que el problema del abuso de poder quedó relegado a segundo término. Para Hobbes, por ejemplo, el abuso de poder resultaba un mal menor en relación a los males derivados del estado de naturaleza (anarquía), pero si llegaba a un límite intolerable para los ciudadanos, al grado de que la conservación del Estado se tornara irracional desde el punto de vista del interés individual, la inestabilidad del régimen sobrevendría, y éste sería sustituido por otro. Para Rousseau, el uso del poder del Estado en contra de los individuos que se opusieran a la justicia social estaba plenamente justificado; mientras el Estado promoviera la igualdad no podría hablarse de abuso de poder, y sólo si se alejaba de esta meta podría decirse con propiedad que la soberanía popular estaba siendo traicionada. En tal caso, el pueblo tenía pleno derecho de deponer y sustituir a sus gobernantes.

Por otra parte, si la soberanía popular se concibe como la libertad de la colectividad para poner y deponer a sus gobernantes, como la vía para prevenir el abuso de poder por parte de éstos, entonces la única forma de obtener legitimidad será a través de los procedimientos legales estipulados previamente por el conjunto de la colectividad o sus representantes. Se trata de la legitimidad llamada de origen, que es propia de los regímenes políticamente democráticos. La competencia electoral, la posibilidad de alternancia en el poder entre grupos diferentes y la existencia operativa de un Congreso autónomo constituyen aquí los medios adecuados para garantizar en medida suficiente aquellos objetivos. Los autores clásicos identificados con esta racionalidad son, por supuesto, Locke, Montesquieu y Voltaire, entre otros.

De modo que, el mismo fundamento de la modernidad política -la soberanía popular- dio pie a dos formas de legitimación, que habrán de ser utilizadas en la práctica por diversos gobiernos modernizadores. El autoritarismo moderno ha podido así prescindir de la legitimidad de origen y sus instituciones básicas, sin por ello renunciar a su pretensión de modernidad. Y ciertamente la centralización política puede en ciertas condiciones constituirse como un medio adecuado y racional para la consecución de ciertas metas sociales, con argumentos de filosofía política: En efecto, un poder centralizado y vertical puede ser no sólo adecuado, sino incluso quizás imprescindible para mantener la unidad nacional en una situación de extrema pulverización política, para garantizar la soberanía frente a una amenza exterior de gran intensidad, o para remover obstáculos sociales a la modernización, heredados de la sociedad tradicional. No es casual, desde esa perspectiva, que las revoluciones exitosas hayan desembocado en regímenes altamente centralizados, pues todas ellas atraviesan por lo general una situación en que se reúnen las tres condiciones que estimulan con mayor intensidad la centralización política: Un fraccionamiento político al interior, derivado de la diversidad de proyectos alternativos al Antiguo Régimen; la presencia de una intervención extranjera de mayor o menor magnitud, que intenta sofocar o influir sobre el régimen revolucionario; y una oposición a los cambios que pretenden llevar a cabo los revolucionarios, que se expresa a través de una contrarrevolución, muchas veces aliada con intervencionistas del exterior. En esas condiciones, no extraña que diversos intentos democráticos inmediatamente posteriores a la caída de los antiguos regímenes hayan terminado en un rotundo fracaso. Ahí están para atestiguarlo la Asamblea francesa de 1793, la Duma rusa de 1917 y la democracia maderista en el México de 1911, entre otros casos.

No faltan argumentos a los líderes revolucionarios o a sus herederos para pasar por alto cualquier forma de legitimación legal de origen, que podría debilitarlos en los primeros años de la revolución. Bertrand de Jouvenel por ejemplo, señala que a las revoluciones no les queda más remedio que centralizar el poder para hacer los cambios que se propusieron. Pero además, una vez alcanzada la estabilidad política de la revolución mediante la legitimidad otorgada en su primera época por el apoyo mayoritario de la población, éste se hace innecesario (de ahí que tales regímenes pasen por alto los procesos electorales competitivos o cualquier tipo de comicios, como es el caso de Cuba hasta la fecha).

Cuando un régimen revolucionario ha dejado de cumplir con sus metas básicas, es decir cuando su gestión deja qué desear a la ciudadanía, se plantea un problema de legitimidad que puede ser subsanado con un cambio en la forma de legitimación por origen legal. Por otra parte, el hecho de que los regímenes democráticos se sustenten primordialmente en una legitimidad de origen significa que deban dejar de lado la eficacia en la gestión gubernamental. Resultaría irracional el apego a las normas legales si ello no se tradujera en un gobierno capaz de mantener la seguridad ciudadana, promover el crecimiento económico, el empleo, etc.

La legalidad en los procesos políticos no se concibe como un fin en sí mismo, sino como el medio más adecuado para garantizar la buena gestión gubernamental. La ventaja respecto de los sitemas autoritarios en este sentido consiste en que, si un gobierno es ineficaz, no hay necesidad de cambiar el régimen; sólo es menester cambiar de gobierno, es decir, votar por otro partido para que tome las riendas del Estado, lo que se puede hacer sin tener que pasar por un nuevo período de inestabilidad y anarquía. Sólo en el caso extremo de que la sucesión de gobiernos de distintos partidos no se traduzca en una gestión adecuada, lo que ocurre solamente en casos de extrema presión sobre las democracias, pueden éstas desestabilizarse y dar lugar a regímenes centralizados.

Pero aún en esos casos cuentan las democracias con un dispositivo para hacer frente a las situaciones de excepción sin tener que desaparecer como regímenes. Ello se hace transfiriendo todos los poderes al Ejecutivo, previo acuerdo mayoritario del Congreso, de modo que se genere la centralización suficiente para dar fuerza al gobierno en el enfrentamiento de los desafíos extraordinarios. Cuando éstos son superados, puede regresarse al sistema de poderes separados.

De tal manera que si bien un sistema autoritario puede en efecto resultar eficaz en la consecución de algunas metas colectivas, la democracia política ofrece ciertas ventajas adicionales que aquéllos dificilmente pueden presentar. Los objetivos específicos que la democracia política busca entonces son los siguientes:

a) Encumbrar a los líderes que sean considerados por la mayoría ciudadana como los más aptos para conseguir sus metas, o como los más comprometidos con ellas. Evidentemente existe el riesgo de que se elija a los gobernantes inadecuados, como consecuencia de la confusión o el engaño de la ciudadanía, pero aún así la probabilidad de error disminuye. Por el contrario, en los sistemas de sucesión vertical sean monarquías hereditarias, dictaduras militares o autoritarismos de partido- la posibilidad de que asciendan al poder individuos ineptos o desvinculados de las aspiraciones populares es mucho mayor, como lo ilustra la historia del Imperio romano o la de diversas dinastías monárquicas de Europa.

b) Disminuir la posibilidad de que los gobernantes abusen del poder, es decir que utilicen la fuerza del Estado para promover sus intereses particulares o de grupo, al grado en que lleguen a entrar en abierta contradicción con la promoción de las metas de toda la colectividad. La probabilidad de que exista abuso de poder por parte de un gobierno centralizado, aunque éste gobierne en nombre de la mayoría, es mucho mayor, pues no existen límites reales que lo contenga.

c) Sustituir un gobierno por otro, cuando el primero haya resultado ineficaz, torpe o abusivo, sin necesidad de desestabilizar el régimen y por tanto sin tener que recurrir a la violencia y la anarquía. En la filosofia política de los autoritarismos se acepta la posibilidad de que la colectividad retire el apoyo a un Estado que deje de cumplir las metas para las que fue erigido, como se vio; es un derecho intrínseco a la noción contractualista de soberanía popular. Pero aun cuando esta facultad se reconoce, el costo para llevarlo a cabo resulta mucho mayor que en una democracia. Antes de que un régimen autoritario que ha dejado de cumplir con el mandato popular sea derrocado puede pasar mucho tiempo, y tal vez el cambio reclaine sangre, caos y destrucción económica. Basta ver el costo en esos términos de todas las revoluciones y otros movimientos que han destituido monarquías o dictaduras de diversa naturaleza. Además, al término de una confrontación de esa magnitud las condiciones para instaurar un régimen democrático suelen ser muy pobres. Cuando se ha recurrido a la fuerza para tirar una autocracia es muy probable que la misma sea sustituida por otro autoritarismo de orientación distinta.

d) Dirimir pacíficamente diferencias y posturas opuestas entre diversos grupos políticos e ideológicos a través de la negociación institucional y los procesos electorales. Cualquier opción de política pública que sea controvertida puede someterse a decisión mayoritaria (mediante plebiscito o sufragio para elegir a los partidos que postulan distintas alternativas). Es decir, hay reglas equitativas que permiten competir a los distintos proyectos de desarrollo social y económico y poner en práctica el que resulte vencedor, evitando la confrontación armada entre las partes. En los sistemas autoritarios los proyectos del grupo en el poder se imponen con el apoyo del aparato estatal. Si existe oposición por una parte de la población que no tuvo la oportunidad de manifestar su visión a la consideración pública en igualdad de circunstancias, el acatamiento de la decisión de arriba le será impuesto por la fuerza. Si el descontento es mayor y desborda la capacidad de represión del régimen en cuestión, sobrevendrá un levantamiento que dé al traste con la legitimidad. Si no existen canales institucionales para dirimir las diferencias sociales y el Estado autoritario pierde la capacidad de imponer su proyecto, puede incluso surgir una guerra civil de intensidad variable.

e) Permitir la convivencia pacífica entre ciudadanos que detentan ideas y costumbres distintas. La homogeneidad en ese campo es prácticamente imposible de lograr en las sociedades complejas; acaso podría encontrarse en sociedades tribales aisladas, pequenas y con una organización rudimentaria. El crecimiento, contacto y desarrollo de las sociedades provocan de manera inevitable la proliferación de ideas y valores diversos. La tolerancia (exaltada de manera especial por Voltaire) constituye el único medio para mantener la convivencia en una sociedad idelógicamente heterogénea, sin causar injusticia a las minorías. De lo contrario, los grupos que detenten el poder impondrán sus valores y costumbres proscribiendo los de los demás y generando por tanto una presión que puede desembocar en violencia y disrupción social.

En resumen, desde el punto de vista de los objetivos de la estabilidad política de más largo plazo y la salvaguarda de los intereses colectivos sin que ello implique el sacrificio a nivel individual, la democracia proporciona una serie de medios que son a todas luces más eficaces -y por lo mismo más racionales- que los ofrecidos por la gran variedad de sistemas centralizados. Además, como puede apreciarse, los mecanismos democráticos se apoyan y complementan mutuamente, con lo que reducen los riesgos de que alguno de ellos falle. Por ejemplo, habiéndose elegido mal a un gobernante o partido, por la razón que sea, la separación de poderes permitirá reducir sus posibles abusos o torpezas toda vez que no se les entrega el poder absoluto. Si con todo el gobierno resulta intolerable o inadecuado, se puede echar mano de los mecanismos legales para sustituirlo. Es decir, los mecanismos de la democracia actúan como un complejo que dispone de diversos dispositivos de seguridad para evitar el abuso de poder y la inestabilidad política y social, que desde luego pueden fallar y dar lugar a los problemas que se desea evitar, pero es claro que se reduce drásticamente la posibilidad de que así ocurra.

Cabe por último aclarar que esta discusión carece de todo sentido en aquellos países que han logrado consolidar un régimen democrático, donde el debate ya ha sido totalmente superado. Las ventajas propias de la democracia aquí señaladas, así como sus deficiencias, han sido aprendidas por los pueblos democráticos a partir de su propia experiencia. Pero en países que no han ejercitado la democracia más que por escasos períodos de su historia -como es el caso de México- la discusión cobra fundamental importancia. Aquí mientras que a buena parte de la población no le queda claro el funcionamiento y las ventajas posibles de un régimen políticamente democrático, las virtudes del autoritarismo y su naturaleza pretendidamente imprescindible han sido sistemáticamente difundidas por todos los medios a disposición del Estado, con indudable eficacia (al menos hasta hace poco).

La racionalidad de la democracia es algo que debe quedar claro a la población que piensa cada vez menos que el autoritarismo es la única alternativa posible. Si se le considera como la panacea que puede resolver todos los problemas sociales y humanos (con el mejor espíritu de la Ilustración francesa), se puede fácilmente desconfiar de sus alcances --como muchos hacen- y concebirla como una más de las utopías inalcanzables de la humanidad. Si por el contrario, se le considera un sistema ineficaz e incapaz de mantener la estabilidad y el orden -como ha insistido por décadas la élite gobernante en México- no se podrá sacar provecho de su potencial pragmático, y se insistirá en resolver cualquier problema dentro del mismo autoritarismo, aunque éste sea ya incapaz de seguir operando con una eficacia satisfactoria.


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