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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Primavera 1990

El narcotráfico en la política exterior norteamericana hacia América Latina y el Caribe


Dado que en la lógica de la ECN la reducción de la oferta de drogas es un factor crucial, el gobierno de Estados Unidos busca internacionalizar al máximo el alcance de su PICN. Con ese propósito, desde 1983 viene desarrollando una política exterior antinarcóticos basada en cuatro puntos:

Primero, los países productores de narcóticos o aquéllos a través de los cuales se envían, deben aceptar su responsabilidad en tratados internacionales, para reducir su producción e interferir su contrabando. Segundo, la comunidad internacional debe ayudar a las naciones carentes de recursos a tomar los pasos necesarios. Tercero, el énfasis mundial debe enfocarse al control y erradicación de la producción, ya que la intercepción de cargamentos no basta. Cuarto, en países productores que requieren ayuda de Estados Unidos, esta ayuda deberá condicionarse a acuerdos para reducir la producción de drogas.[Nota 15]

Las implicaciones de esa política son varias, de las cuales destacan dos. Primera, al internacionalizar un problema cuyas raíces son ante todo internas, el gobierno norteamericano transfiere a otros países la responsabilidad de los resultados de su PICN; en concreto, el fracaso de su ECN se atribuye a los gobiernos de los países productores de drogas. Segunda, Washington se reserva un instrumento de presión e intervención mediante no sólo el condicionamiento de su ayuda económica y técnica, sino también porque se otorga la decisión de si se coopera o no con su campaña internacional antinarcóticos. Esta forma de intervención alcanza su mayor refinamiento desde que un proceso político interno -las deliberaciones Ejecutivo-Congreso en Washington- "certifica" cada año en marzo, si un país coopera en la lucha contra las drogas.

El gobierno norteamericano preserva su unilateralismo mediante la aprobación de leyes discriminatorias para los países que, involucrados directa o indirectamente en el circuito producción-tráfico de drogas, no colaboren en su combate. La Ley Contra el Abuso de Drogas de 1986 vincula el problema del narcotráfico a otros temas de la agenda de negociaciones. Aprobada al calor de elecciones legislativas (lo cual en parte puede explicar la dureza de sus medidas), esta legislación establece una serie de sanciones comerciales y financieras -bilaterales y multilaterales- para las naciones (productoras o de tránsito) que no cooperen en el combate a los narcóticos.[Nota 16] De nueva cuenta, es el proceso de "certificación" en Washington el que determina tal disposición.

Pero en dicho proceso se pone en evidencia cómo el asunto del narcotráfico es utilizado por Washington como un instrumento para llevar a cabo otros objetivos de política exterior El Departamento de Estado, y en particular la Casa Blanca, asumen una actitud dual que les permite separar o juntar los "mapas" de la seguridad estratégica con los de la "guerra contra las drogas"[Nota 17]. Países como Cuba y Nicaragua -que no sólo son percibidos como amenazas comunistas- son acusados por los funcionarios de esas (y otras) dependencias de estar profundamente involucrados en el negocio de los narcóticos, y de usar los recursos provenientes del mismo para promover terrorismo, desestabilización regional. penetración soviética, etc.[Nota 18] Así, esos argumentos son usados políticamente para identificarlos como una doble amenaza y, por tanto, son descalificados de la certificación. En cambio, otras naciones --como Turquía y Pakistán, por ejemplo- sí son certificadas por representar "intereses vitales" para la seguridad norteamericana.

Más allá de las certificaciones y las sanciones que Washington pueda imponer unilateralmente, y que tales acciones sean motivo de tensiones político-diplomáticas interestatales, es un hecho que en el combate al narcotráfico el gobierno norteamericano yuxtapone el enfoque policial-delictual que tiene de¡ fenómeno producción-tráfico de drogas con su enfoque estratégicomilitar de los conflictos en el Tercer Mundo. Dado que en la percepción influyente de Estados Unidos dicho fenómeno es un "enemigo" para su seguridad nacional, al igual que los grupos terroristas, las insurgencias de izquierda y otros movimientos "enemigos" a su sistema político, cuando esta óptica --que integra cada una de esas realidades- se traslada a las campañas antinarcóticos in situ -por ejemplo, la operación Blast Furnace a mediados de 1986 en Bolivia [Nota 19] - la "guerra contra las drogas" se inscribe en un horizonte de conflicto más amplio y sofisticado conocido como "guerra de baja intensidad".

No es el propósito de este ensayo discutir el contenido y las implicaciones de la "guerra de baja intensidad".[Nota 20] baste con tener en cuenta que, de un lado, con la participación de efectivos militares en las campañas antinarcóticos, Estados Unidos busca "legitimar" el uso de sus fuerzas militares en territorio latinoamericano y caribeño, no sólo ante los públicos atentos de su sociedad, sino también frente a América Latina y el Caribe.[Nota 21] De otro, esta "guerra"está diseñada para hacer frente, con todo tipo de recursos y hacia el largo plazo, a los distintos "enemigos" de Estados Unidos en el Tercer Mundo.

El enfoque predominante antes mencionado que tiene el gobierno norteamericano acerca de¡ problema de las drogas contrasta profundamente con la realidad de los países latinoamericanos y caribeños productores y de tránsito de narcóticos, en particular con la situación de los campesinos cultivadores ancestrales de las materias primas. Es sobre este sector social donde ha recaído el peso de la lucha antinarcóticos, esto es, los programas de erradicación y, eventualmente, los de sustitución de sembradíos. Por otro lado, además de generar una serie de beneficios económicos, laborales, financieros, y en general, de impulsar algún dinamismo en las economías locales e incluso en el plano macroeconómico, el fenómeno producción-tráfico de estupefacientes -debido a su ilegalidad- ha provocado la irrupción de la corrupción y la violencia.

Es el temor a la inestabilidad política, sobre todo en los ámbitos micro-sociales o regionales, el que ha inducido al grueso de los gobiernos centrales del continente a desarrollar campañas antinarcóticos. No obstante, esta "cooperación" no es el resultado de un mismo diagnóstico con los centroamericanos, pues para éstos la "guerra contra las drogas" sigue siendo un asunto de seguridad nacional.

Hay ciertas evidencias que dejan ver cómo la Casa Blanca ha mantenido una doble normatividad en su política internacional antinarcóticos. Si bien, por una parte, realiza fuertes presiones para que se coopere con su campaña antidrogas, en donde la retórica es mayor que los recursos financieros que otorga para solventar dicha campaña,"[Nota 22] cuando se descubre, por otra, la conexión Irán-Contras (en la cual una parte del financiamiento de la contrainsurgencia nicaragüense se originaba en el negocio de los narcóticos), lo que se puede inferir es que su lucha contra los estupefacientes es manejada convencionalmente.

En la evaluación que realizan los funcionarios gubernamentales norteamericanos acerca de la "eficacia" de su ECN en general y de su PICN en particular, sobresale una apreciación técnica-instrumental de los resultados (perspectiva que contrasta con parte significativa de la interpretación latinoamericana). Para el gobierno estadounidense su estrategia antinarcóticos no está funcionando "eficientemente" debido, no a lo equivocado de dicha estrategia, sino a las dificultades de coordinación interburocrática, ausencia de liderazgo, insuficiencia presupuestal y falta de cooperación internacional.[Nota 23]

Washington ha pretendido resolver el problema de las drogas mediante la confrontación de la "política" con el "mercado". Su ECN parte de supuestos equivocados, y más bien ha buscado obtener un capital político intervencionista. Tanto su ECN como su PICN deben ser modificados. América Latina y el Caribe, por su parte, deben contribuir a que Washington "desideologice" su política, quizás a partir de ahí se puedan plantear algunas alternativas viables.


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