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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Primavera 1990

4. Futuro crecimiento de la población y demanda de trabajo en la agricultura


Se estima que la población total de México, unos cincuenta millones en 1970, podrá resultar 42% mayor en 1980, 71.4 millones, y el doble en 1990, casi 100 millones. Debido al efecto combinado de los cambios en las tasas de mortalidad y natalidad proyectadas, ambas tendientes a decrecer, la expansión demográfica llegaría a su máximo en la década de 1970 y a partir de ahí iniciaría un lento descenso (véase cuadro 5).

El incremento de la fuerza de trabajo que se espera ocurra entre 1971 y 1990 deriva, en lo esencial, de personas cine llegarán a la edad de trabajar en dichos años; la mayor parte de ellas nacieron antes de 1970; su número es, pues, independiente de los cambios en la tasa de crecimiento demográfico posteriores a dicho año.[Nota 10]

Cuadro 4. Tasas de crecimiento de la población rural en México, por regiones y estados seleccionados; %por año

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Observaciones. Las tasas observadas:

1. En las regiones norte y centro son inferiores a la media nacional y tienden a decrecer. Dentro de la última región el área del Bajío, en su mayor parte de riego, presenta una mayor capacidad para retener habitantes rurales que el resto de los estados.

2. En el Pacífico Sur también tienden a decrecer; las mejores tierras húmedas, en Chiapas y Colima, ya están ocupadas, los otros estados son en su mayor parte áridos.

3. Crecientes en el Pacífico Norte, donde la proporción de tierra de riego es más alta; en dos de los estados, sin embargo, ocurrieron descensos significativos.

4. Crecientes, por encima de la media nacional en el Golfo de México; esta ,área es la que presenta mayor capacidad para retener población rural y atraer inmigrantes, debido a su disponibilidad de tierras húmedas.

Cuadro 5. Proyecciones de la población total y la fuerza de trabajo en México. 1960-1990, a medio año

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(miles)

Supuestos:

a) Población total conforme a las tasas siguientes (por millar de habitantes):

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b) Para la fuerza de trabajo:

Alternativa I, tasas de participación en el empleo constante (como en 1960).

Alternativa II, tasas de participación decrecientes para los grupos de edad de 10 a 24 años (por mayor escolaridad) y los mayores de 60, crecientes para las mujeres entre los 20 y los 59 años.

Nota: Año base de la proyección, 1960. Población total en 1970, según censo ajustado al 30 de junio y corregido para evitar subnumeración. Fuente: El Colegio de México, Dinámica de la población en México, México, 1970, Cuadros VII-4, VII-1 1 y VII-12.

Las proyecciones consideran dos conjuntos alternativos de supuestos sobre el grado de participación de los grupos de edad y los sexos en la fuerza de trabajo. La cifra total no cambia significativamente entre ambos casos: en el más favorable (alternativa II), la participación más baja de los menores de 24 años derivada de una asistencia más prolongada a la escuela, y de los mayores de 60, debido a un retiro más temprano, se contrarresta por la mayor participación de las mujeres en edades activas.

Las entradas en la fuerza de trabajo se estiman en 6.7 millones durante la década de 1970 y en 9.5 millones en la de 1980; estos datos constituyen parámetros que habrá de manejar la política económica y social del país durante el período. Las diferencias en la composición del total son, sin embargo, significativas; la alternativa II, comparada con la I, implica el aumento de 800 mil mujeres activas para 1980 y de casi un millón y medio para 1990, con la correspondiente reducción en el número de hombres activos. Como el empleo de la mujer ocurre principalmente en los sectores secundario y terciario de la economía, la alternativa II implica una presión menor del incremento de la fuerza de trabajo sobre el sector agrícola.

Considerando la disponibilidad de trabajo en la agricultura como residuo de la fuerza de trabajo total, una vez satisfechos los requerimientos de los sectores secundario y terciario, el problema se desplaza, aparentemente, hacia la capacidad de absorción de dichos sectores. Desde este punto de vista:

La conclusión parece evidente: la solución al problema de las áreas rurales no se encuentra en ellas. Durante la primera etapa del proceso de desarrollo, el sector agrícola desempeñó un papel importante al liberar fuerza de trabajo demandada efectivamente por los otros sectores. Corresponde ahora a dichos sectores contribuir al desarrollo de la agricultura, mediante la absorción de excedentes de mano de obra que impiden elevar los niveles de la productividad y el ingreso en las áreas rurales.[Nota 11]

Si bien escapa al alcance del presente trabajo evaluar el probable desempeño de los sectores no agrícolas como fuentes de demanda de trabajo en las dos décadas venideras, no está de más una consideración muy breve al respecto. Dado el crecimiento de la fuerza de trabajo que resulta de las proyecciones de la población total, parece completamente claro que los problemas del desempleo y el subempleo en la agricultura mexicana tenderán a empeorar, a menos que se modifique en forma sustancial el patrón de desarrollo arriba mencionado (véase parte 2).

Una política de empleo que se basara, simplemente, en una tasa más alta de crecimiento del producto para absorber un mayor número de trabajadores, carecería de todo realismo. En efecto, las tendencias que se advierten en el proceso de capitalización, y la magnitud limitada del mercado para la producción del sector tradicional de la economía, determinan que el incremento del producto sólo absorba una fracción del incremento de la población económicamente activa.[Nota 12]

Suponiendo que la fuerza de trabajo agrícola, independientemente del grado en que esté empleada, continuase aumentando a la misma tasa que la población rural, de 1.5% al año, a su número total se añadirían 1.1 millones durante la década de 1970 y 1.4 millones en la de 1980. Esta perspectiva se modificaría en el caso de un crecimiento sostenido del empleo no agrícola; si éste aumentara en 5.3% al año en la década de 1970 y 5.4 en la de 1980, la fuerza de trabajo de la agricultura se estabilizaría en una cifra aproximada de ocho millones a partir de 1980 (véase cuadro 6).

La probabilidad de que ocurra la alternativa más favorable depende del éxito que el país sea capaz de lograr en la rectificación de su actual patrón de desarrollo, particularmente en:

A) Una distribución menos equitativa del ingreso, que se traduzca en una demanda más fuerte para aquellos bienes como los alimentos, los textiles y las casas, cuya producción es intensiva de trabajo.[Nota 13]

CUADRO 6. Fuerza de trabajo en México, 1970-1990. Proyecciones alternativas (en millones)

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a Supone un incremento anual de 1.5%, igual al de la población rural.

b Como residuo del empleo en los sectores no agrícolas, en los que se proyecta un crecimiento anual del empleo en 5.3% en 1971-80 y 5.4 en 1981-90.

c Suponiendo que la fuerza de trabajo agrícola creció en 1.5% al año entre 1960 y 1970 (véase la nota 2 del texto).

B) La modificación de las políticas que protegen el proceso de industrialización, a, fin de determinar una utilización más racional de los factores productivos: corregir el desperdicio de capital y de recursos naturales (relacionado con el abatimiento artificial de sus precios relativos) y promover el empleo de la fuerza de trabajo.

C) El fortalecimiento de la capacidad del sector público para estimular y orientar el proceso de desarrollo y atender necesidades impostergables de la población, en buena medida insatisfechas, particularmente en cuanto a salud y a una mejor capacitación previa a la incorporación en la fuerza de trabajo.

Dentro de este cuadro general, podría definirse el papel de la agricultura en término de la maximización de su capacidad para retener trabajadores no demandados por el resto de la economía, y elevar al mismo tiempo los niveles de productividad por hombre ocupado hasta el punto, por lo menos, de absorber la desocupación encubierta que hoy existe.

Las posibilidades abiertas para el logro de estos objetivos no son fáciles; están condicionadas, en primer lugar, por los resultados que la política económica general del país sea capaz de lograr efectivamente en las tres direcciones arriba mencionadas, y de modo más específico en lo que concierne a la distribución del ingreso entre los estratos de la población y a la reasignación de los recursos entre el sector público y el privado, principalmente a través del sistema fiscal.

Pueden evaluarse varias posibles salidas a fin de orientar el crecimiento del producto agrícola según lineamientos que lleven a una creación máxima de empleos:

a) Mediante medidas que ahorren capital. En las zonas de riego del país ocurre un notorio desperdicio de capital, ligado a la utilización de los recursos naturales. Por más que no se dispone de una estimación exacta, puede afirmarse que alrededor de la quinta parte de la extensión total de dichas zonas, unas 600 000 hectáreas, [Nota 14]no se cultiva en la actualidad. Las razones son complejas; tienen que ver, por ejemplo, con las expectativas de los agricultores comerciales en los mercados nacionales y extranjeros y con la rentabilidad comparativa de diversos patrones de uso de la tierra. Debe subrayarse, en todo caso, un factor explicativo: que los costos que implican la inversión por hectárea y el suministro del servicio de agua no incidan totalmente sobre los agricultores, sino que, en buena medida, los subsidie el gobierno. En la mayor parte de los casos, se pagan tarifas que sólo cubren una parte de los costos de operación directos, y omiten lo necesario para mantener y amortizar las inversiones hechas en los distritos de riego. Además, el sistema fiscal no genera presiones orientadas a intensificar el uso de la tierra.

Los impuestos sobre la propiedad y el ingreso en la agricultura son de escaso monto y regresivos; su contribución al ingreso público, de apenas 2% del total, no guarda proporción con la participación del sector en el producto nacional bruto, de 12%. Lo referente a la maquinaria agrícola y su efecto en el desempleo de trabajadores exige investigaciones ulteriores antes de que sea posible formular alguna afirmación categórica. En las fincas modernas, especialmente en las zonas de riego del país, el uso generalizado de equipos de tracción mecánica viene ocurriendo a pesar del hecho de que los precios respectivos son más bien altos, si se les compara internacionalmente, como una consecuencia de la política de sustitución de importaciones seguida por el gobierno. La absorción de la maquinaria moderna con la agricultura de riego se impone como un recurso conveniente y lucrativo, dentro de los límites dados por el tamaño de los predios. Es probable, sin embargo, que la reducción artificial de los costos totales debida a los subsidios (a través de las cuotas de riego, el precio de los combustibles y los privilegios fiscales), compense ampliamente los precios más altos de la maquinaria. Podría decirse, en todo caso, que si los costos realmente cubiertos por los agricultores se ajustaran de acuerdo con los verdaderos costos de los bienes y servicios que reciben, el resultado sería un uso más eficiente de los factores productivos.

b) Mediante la intensificación del uso de la. tierra. La transformación de la agricultura tradicional exigiría que se aumentaran sustancial mente, y se reorientaran de manera radical, los recursos que actualmente canaliza el gobierno hacia el sector agríco la. El cambio sería de subsidios en favor de los productores comerciales a gastos corrientes y de capital en propósitos como el riego y la difusión de técnicas e insumos modernos en el resto del sector agrícola. El proceso de reforma agraria vendría a complementarse y consolidarse, con efectos probables sobre el bienestar rural, la distribución del ingreso y la creación de empleos que podrían ser muy significativos. El patrón de tenencia de la tierra en la agricultura tradicional, en que predominan los productores familiares y subfamiliares, ha evitado hasta ahora el uso generalizado de la maquinaria agrícola. Habría, sin embargo, lugar para ella; por ejemplo, a través de sistemas cooperativos o de centrales de propiedad pública o privada al servicio de los agricultores, en apoyo de un proceso de modernización dirigido principalmente a aumentar los rendimientos por unidad de tierra.

c) Por la apertura de nuevas tierras. Un aumento sustancial de los fondos públicos dedicados al desarrollo agrícola daría apoyo, además, a la incorporación de nuevas tierras a los cultivos y el pastoreo. Se estima que, como mínimo, el área bajo riego se podría duplicar construyendo obras en pequeña y mediana escala en las partes áridas y semiáridas del territorio nacional. Por otra parte, la delimitación de las extensiones arables actualmente de dominio público en los trópicos húmedos,[Nota 15] y la construcción de las estructuras básicas esenciales para aprovecharlas, principalmente caminos y obras de saneamiento, harían posible la actividad agrícola de los campesinos sin tierra que viven en las mismas regiones. Se estima indispensable, en apoyo de este desarrollo, zonificar las áreas explotables a fin de evitar que las ganaderas se expandan en detrimento de las agrícolas.

d) Estímulos a la agricultura vía los mercados de insumos y productos. Si se mejoraran los sistemas de los mercados de productos e insumos agrícolas, se crearía un incentivo poderoso para aumentar la producción y el empleo en la agricultura mexicana. Si bien los precios de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes, se encuentran en amplia medida subsidiados en México, los precios efectivos pagados por los productores son más bien altos, debido a los elevados costos en que se incurre en el proceso de comercialización. La supresión de los subsidios constituye una condición necesaria a fin de asegurar el desarrollo saludable de la industria de los fertilizantes; los efectos sobre los precios quedarían más que compensados por la modernización del sistema de mercados.

En general, los incentivos a la agricultura, incluyendo tanto el sector exportador como el orientado hacia el consumo interno, podrían plasmarse en precios de sustentación y sistemas de mercadeo, crédito, asistencia técnica y promoción directa, así como en iniciativas encaminadas a aumentar el grado de elaboración y transformación por los propios agricultores. En el manejo de las cosechas de exportación podrían ajustarse a las tasas fiscales correspondientes, teniendo en cuenta la sobrevaluación del cambio y los movimientos de los precios internacionales, de tal modo que el estímulo para el exportador se concilie con la recaudación de ingresos tributarios. Los subsidios vía los impuestos a la exportación no son susceptibles de ocasionar distorsiones antieconómicas ni en los mercados ni en los distintos sectores de actividad, incluida la agricultura.


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