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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1990

Noción sustantiva de democracia


Una noción sustantiva de democracia distingue entre las reglas procesales y los resultados que se producen.

Las reglas procesales de la democracia tienden a producir resultados justos porque se asemejan, en términos de, Habermas, a un proceso de formación racional de la voluntad. No sólo esto, sino que dan un clima de seguridad jurídica que permite, en última instancia, que la sociedad sea viable. La idea de formación racional de la voluntad implica tomar como punto de partida que en toda sociedad existen conflictos de intereses y que cada individuo, portador de dichos intereses, tiene una voluntad autónoma, libre e inviolable. No obstante esta diversidad, se puede llegar a un acuerdo, es decir a una formación de voluntad, sobre ciertos principios normativos generales dignos de ser reconocidos por cada individuo por ser consecuente con sus intuiciones y convicciones respecto a lo que es justo. Esto se logra, cuando existe un diálogo racional, que parta de la tolerancia y que garantice la imparcialidad.

Así, los procedimientos tienden a hacer de la democracia un sistema abierto y respetuoso del disenso; sujeto a una vigilancia y revisión continuas y encaminado a renovarse permanentemente a través del libre debate de las ideas; la tolerancia y la no violencia la convierten en el único sistema político que idealmente permite la elección, experimentación y crítica de distintas alternativas de sociedad, la discusión racional de los asuntos públicos y la autocorrección de las desviaciones y abusos del poder. Como bien ha señaladoH.A.L. Hart, [Nota 18] una de las grandes justificaciones de la democracia es que permite la experimentación y una elección revisable entre distintas alternativas. Por estas razones se acepta el procedimiento democrático, porque busca producir resultados correctos, aunque lo logre en forma imperfecta.

El hecho de que los procedimientos democráticos tiendan a producir resultados justos, revela que una buena parte de la legitimidad de las decisiones políticas en la democracia se da cuando se dictan conforme a dichos procedimientos. Por ello cabe hablar, siguiendo a Habermas, no sólo de legalidad procedimental sino de legitimidad procedimental. La manifestación más clara de esto lo constituye la presunción, por parte del ordenamientojurídico, de que toda acción conforme al derecho es legítima. Es decir, el Derecho descansa sobre la suposición de que el poder es legítimo cuando respeta la legalidad y se ejerce con base, no en el propio capricho, sino en los límites impuestos por las leyes preestablecidas. Esto se puede ver con toda claridad en los procesos judiciales; si las sentencias son producto de un procedimiento seguido con fidelidad, que garantice de manera imparcial la defensa de las partes, y no son apeladas dentro de los plazos establecidos, se consideran válidas e irrevocables.

Sin embargo, las políticas elegidas democráticamente no necesariamente son "buenas" o "legítimas". Éstas pueden ser moralmente reprobables, como por ejemplo, las que implican oprimir a una minoría (tal como ocurrió con las leyes racistas norteamericanas), declarar guerras injustas o perseguir a los "herejes". Es por ello, que autores como Habermas y Bobbio, han sugerido la necesidad de que dichas reglas cumplan con ciertos presupuestos mínimos si se quiere que conserven su poder de legitimación que, como se ha visto, a menudo es imperfecto.

Muchos Estados democráticos padecen de un culto a los procedimientos, esto es, intentan fundamentar la legitimidad de sus decísiones políticas sólo en el hecho de que formalmente al dictarlas se respeten las reglas del juego. El cumplimiento simbólico de los procedimientos puede ser utilizado como una forma de ocultamiento para evitar entrar a discutir las implicaciones morales que toda decisión política tiene, especialmente las fundamentales.

Como afirma Habermas:

En cuestiones fundamentales no es suficiente la legitimidad procedimental: el propio procedimiento y la totalidad del ordenamiento jurídico han de poder justificarse fundamentándose en principios. Estos fundamentos que legitiman a la propia Constitución han de contar con reconocimiento por los demás con indpendencia de que el derecho positivo coincida con ellos o no.[Nota 19]

De esta manera, no basta con que una norma jurídica o una decisión pública se adopte conforme al procedimiento democrático; es necesario, además, que ésta sea consecuente con los supuestos normativos que legitiman al propio Estado democrático constitucional.

Los presupuestos mínimos frente a los que en última intancia se debe validar una decisión democrática son aquellos principios constitucionales valiosos en sí mismos y que merecen una aceptación reflexiva y voluntaria, como por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos inviolables, la soberanía popular, el consenso ciudadano, la seguridad jurídica, el debido proceso legal, la igualdad ante la ley, los principios del Estado social, etcétera. Para Habermas:

Todas ellas siguen una intuición de que únicamente pueden justificarse aquellas normas que expresan un interés suceptible de ser generalizado y que, en consecuencia, contaría con la aprobación voluntaria de todos los afectados.[Nota 20]

La necesidad de que las decisiones políticas se validen a la luz de los principios constitucionales fundamentales se hace patente con la existencia de medios institucionales de control de constitucionalidad. La revisión judicial es precisamente el mecanismo ideado para este fin. Los tribunales están facultados para decidir si una norma jurídica emanada del poder legislativo, una sentenciajudicial o un acto del ejecutivo, satisfacen o no los principios constitucionales, con independencia de que se hayan adoptado conforme a los procedimientos.

En consecuencia, la democracia formal precisa continuamente de mecanismos de revisión y autocorrección a la luz de principios. Éstos, sin embargo, también fallan. El control jurisdiccional se enfrenta con importantes limitantes, especialmente de naturaleza política que, sobre todo en cuestiones fundamentales, lo convierten en un mecanismo limitado de control de constitucionalidad. Por un lado, existen importantes problemas políticos que involucran violaciones a los principios de moralidad pública respecto de los que los procesos judiciales son improcedentes. Así por ejemplo, la negativa de los tribunales para juzgar respecto de la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo norteamericano relativos a la guerra de Vietnam, en la que se negó jurisdicción con base en la llamada doctrina de la cuestión política, llevó a un gran número de ciudadanos a colocarse fuera de las reglas del juego para manifestar su inconformidad. Lo mismo ha ocurrido con el movimiento de desobediencia civil en contra de la apertura de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en México. Al respecto, los juzgados administrativos competentes declararon la improcedencia de las numerosas demandas de amparo presentadas, por considerar, acertadamente en términos jurídicos, que "los actos de afectación a la vida y a la salud son inciertos", lo que constituye una causal de improcedencia del Juicio de Amparo. Por otro lado, a menudo las sentencias judiciales son impotentes para transformar de hecho realidades complejas, Patrones socio-culturales y formas tradicionales de conducta de la autoridad, tal como ocurrió, por ejemplo, en relación a las sentencias de los tribunales federales en Estados Unidos que, a pesar de que declaraban inconstitucionales las leyes racistas de los estados del sur, no se tradujeron en la abolición del racismo como sistema de vida. Esto demostró las limitaciones de la revisión judicial para transformar ciertas instituciones políticas y estructuras socio-culturales. Por último, los tribunales no están siempre inmunizados de las influencias políticas, que pueden ocasionar decisiones que se perciben como ilegítimas.

De esta manera, se puede presentar una doble falla en la democracia constitucional. En primer lugar, aún cuando los procedimientos se sigan fielmente, se pueden generar decisiones políticas que se perciban como ilegítimas; en segundo término, los mecanismos institucionales de control pueden resultar limitados por ser improcedentes, por tener alcances muy reducidos o por generar sentencias equivocadas. Frente a estos hechos, la desobediencia civil puede ser el único recurso disponible para ocasionar la revisión de una decisión política que se perciba como ilegítima.

Detrás de las formas procesales y de las Constituciones democráticas hay ciertos presupuestos necesarios o principios normativos políticomorales que les dan su razón de ser y conforme a las que ha de justificarse, en última instancia, la desobediencia civil. Sólo partiendo de este hecho es comprensible porqué para Habermas el problema de la desobediencia civil en el Estado democrático constitucional únicamente puede surgir si se parte M supuesto de que éste precisa de una justificación moral y al mismo tiempo es capaz de ella.

Así, la principal fuente de justificación de la desobediencia civil en un sistema democrático, la constituyen los principios legitimantes del Estado constitucional, cualquiera sea la teoría moral que sirva para fundamentarlos. En consecuencia, la desobediencia civil se justifica en la democracia cuando se generan normas jurídicas o decisiones políticas ilegítimas porque son contrarias, no a una moral privada, sino precisamente a dichos principiospolítico-morales y no hay otro recurso institucional disponible. Es por esto que resulta esencial distinguir a la desobediencia civil de la objeción de conciencia. Sobre todo en tanto que la desobediencia civil, en la medida en que busca un cambio con efectos generales, apela necesariamente a principios político-morales aceptados en la sociedad; mientras que la segunda, al buscar inmunidad personal respecto de determinada ley o mandato de autoridad, se funda en principios morales o religiosos individuales, que incluso pueden estar en contra de los de la sociedad.

La desobediencia civil obliga a que toda decisión democrática se mire a la luz de estos principios legitimantes lo cual moraliza el quehacer político. Exige que éstas se justifiquen, no sólo por haber sido dictadas por el voto mayoritario, sino porque sean consecuentes con los principios político-morales que sustentan al Estado y a la comunidad social. En este momento se vuelve un problema que implica a toda la sociedad, que un régimen que se dice igualitario sancione leyes racistas o que un gobierno que se responsabiliza de la conservación ecológica permita que se exploten irracionalmente los recursos naturales. La desobediencia civil parece ser de las pocas vías que permiten que se dé esta moralización, especialmente si se toma en cuenta que los partidos políticos evitan hacer suyas demandas con fuertes contenidos morales, lo cual ha cerrado las vías institucionales de crítica y disenso. Se convierte entonces, en una vía no convencional de formación racional de la voluntad política: la desobediencia civil apela a la capacidad de razonar y a la conciencia moral de la sociedad para suscitar un nuevo debate, por un procedimiento distinto, respecto de una política gubernamental considerada ilegítima.

De esta manera, la desobediencia civil, en su carácter de disenso no institucional, tiende a la consolidación de un consenso, que es la base moral de la democracia. En un régimen democrático, para que exista un consenso de la mayoría, es necesario que exista una minoría que disiente. Por ello en la democracia la regla de mayorías debe necesariamente cumplir, siguiendo a Habermas, con que ninguna decisión tomada por la mayoría pueda limitar los derechos de la minoría, que no puede haber minoría alguna por nacimiento y que la mayoría no pueda tomar decisiones irreversibles. Como bien lo explica Bobbio, el consenso no organizado, manipulado o impuesto desde arriba supone el disenso, porque "solamente ahí donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real y solamente ahí donde el consenso es real, el sistema puede llamarse justamente democrático".[Nota 21] De esta manera, existe una relación indiscutible entre democracia y disenso. Bobbio señala que las instituciones democráticas reconocen canales legales a través de los que se puede manifestar el disenso sin que sea destructivo para el sistema político, tales como la libertad de opinión, de prensa, de manifestación y de formar partidos políticos.

La desobediencia civil, a diferencia del disenso legal, se coloca fuera de los canales ordinarios, pero precisamente cuando éstos han demostrado ser ineficaces para producir un cambio o dar un espacio para generar un debate público sobre la legitimidad de una política. No obstante, no busca ser un acto destructivo del sistema político sino innovativo. Es decir, la desobediencia civil, a pesar de ser una actividad ilegal, por el tipo de consideraciones político-morales que la acompañan y los medios que utiliza, se diferencia esencialmente, como se ha analizado, de otros actos destructivos del sistema político, como por ejemplo, la conducta delictiva o revolucionaria.

En esta medida, puede ser en efecto, una vía de participación en la formación del consenso, en aquellas cuestiones fundamentales respecto de las que las vías institucionales están cerradas, que pertenece esencialmente a la democracia. Ésta no es un estado estático y tampoco una construcción acabada. Es por el contrario, un sistema encaminado a revisarse, autocorregirse y reformarse de una manera permanente, pacífica y gradual. Junto con las formas legales de la democracia como la elecciones, los debates parlamentarios, la división de poderes y la revisión judicial, la desobediencia civil, aunque sea por definición una actividad ilegal, puede ser un vigilante no institucional de legitimidad y un motor de cambios no violentos, precisamente porque apela a losprincipios políticos fundamentales y busca ser incorporada, por los medios que utiliza, a los procesos institucionales. Así, el hecho de que sea una actividad pública, no violenta, conciente, utilizada como último recurso y con la disposición a aceptar, la sanción legal, posibilita que la desobediencia civil pueda, en efecto, ser incorporada por un sistema democrático abierto a pesar de ser ilegal.

Es por esto que, como afirma Habermas, la prueba de fuego de la madurez democrática de un Estado está precisamente en el tipo de respuestas que le dé a la desobediencia civil. El disenso puede aparentar moverse en tres niveles, aunque cada uno se funda en motivos radicalmente distintos. El nivel en el que éste se manifieste con frecuencia depende de la mayor o menor apertura de los canales institucionales y de la respuesta estatal.

El primer nivel lo constituye el disenso legal, el único que se manifiesta por los canales institucionales ordinarios. El segundo nivel lo constituye la desobediencia civil, que implica una violación de normas jurídicas o mandatos de autoridad, pero que se realiza dentro de la jurisdicción del Estado, lo que se manifiesta, entre otros hechos, por ser un acto público, no violento, realizado previo agotamiento de los recursos ordinarios y manifestando la aceptación voluntaria de las consecuencias legales, en el sentido de que no responde con violencia al arresto ni se evade de la fuerza pública. El último nivel lo constituyen los delitos políticos, que implican no sólo colocarse fuera de las reglas del juego, sino utilizar otros elementos de coerción que el Estado califica como delictivos, como la violencia, con el fin de asumir el poder y lograr ciertos objetivos ideológicos, pero fuera de las estructuras existentes.

A pesar de que estas formas de disenso difieran esencialmente, el Estado, según la respuesta que les dé, puede fácilmente hacerlas parecer iguales. Así, un Estado cerrado, que base su existencia principalmente en las leyes penales, tenderá a ser intolerante y a convertir el disenso legal en ilegal y éste en delincuencia política, En cambio, un Estado abierto, que se caracteriza por poder albergar un mayor grado de disenso, puede no sólo tolerar a la desobediencia civil sin desmoronarse, sino incorporarla al proceso institucional.

Precisamente esta diferencia marca porqué la desobediencia civil es muy riesgosa, tanto para quien la comete como para el Estado mismo. Por un lado, los desobedientes civiles siempre corren peligro porque no saben de antemano qué tan maduro es el sistema político y en. consecuencia no pueden prever cuál será la respuesta estatal; por el otro, el Estado no sabe cuál es su grado de madurez y hasta dónde puede sacrificar cierta seguridad jurídica sin poner en juego su existencia. La siguiente sección explora este dilema en la democracia.


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