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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1990

Límites de tolerancia de la desobediencia civil


Los límites dentro de los que la desobediencia civil puede ser efectivamente incorporada en el Estado democrático dependen, en gran medida, del tipo específico de sistema político del que se trate y de su mayor o menor capacidad de respuesta. Aquí se propone una enumeración bastante esquemática aplicable al Estado democrático considerado en abstracto. Por ello, se debe adaptar y matizar según las situaciones concretas que se presenten en un sistema político determinado.

La desobediencia civil debe limitarse a una reivindicación claramente especificada. Resulta razonable recurrira a la desobediencia civil sólo cuando hay una injusticia bien determinada; es decir, como una forma de protesta en contra de una norma jurídica, política gubernamental, sentencia judicial o proceso decisional que se considere incompatible con los principios políticos que subyacen en las instituciones democráticas. Es necesario además que la protesta esté dirigida en contra de actos de autoridad, ya sea ejecutiva, legislativa o judicial o en contra de actos de organismos subsidiarios del Estado cuyas decisiones están apoyadas por la fuerza coercitiva del poder político. Es decir, la desobediencia civil debe precisamente estar dirigida en contra de una injusticia, ya sea directamente cometida por el poder político o indirectamente, esto es, cuando esté apoyada con su fuerza pública, y no en contra de actos de particulares.

Es necesario además, que la desobediencia civil no se utilice como una estrategia más para competir por el poder político. Ésta se caracteriza esencialmente por ser una organización no institucionalizada de ciudadanos, unidos tan sólo por una fuerte identidad moral colectiva, que busca cambiar leyes o políticas consideradas ilegítimas o promover valores en el proceso de formación del consenso, cuando los canales ordinarios están cerrados. En consecuencia, sus reivindicaciones no están en competencia en el mercado político. En esta medida, un grupo de desobediencia civil se diferencia de los partidos políticos porque no busca atraer votos en el mercado político y tampoco competir por el poder. De otra forma, la desobediencia civil, como estrategia de lucha esencialmente moral, se desvirtúa y pierde su razón de ser. Cabe aclarar que esta reflexión se sitúa en el contexto de un Estado democrático en el que los procesos electorales se siguen con apego a la ley, lo que abre vías eficientes para el intercambio del poder político sin derramamiento de sangre. Esto, según Karl Popper, distingue esencialmente a un gobierno democrático de uno no democrático. Por esta razón, los Estados que carecen de este mínimo contenido de democracia, están más cercanos al modelo de Estados autoritarios, a pesar de que se sustentan en una Constitución democrática. En ellos la desobediencia civil adquiere matices particulares, por lo que no es de extrañar que se utilice como una estrategia más, alternativa a la violencia, para competir por el poder político cuando los canales legales están cerrados. Aquí, no se puede hablar propiamente de desobediencia civil, especialmente si se le utiliza por un partido político. Por un lado, no existe una reivindicación moral, sino que ésta se identifica con la ideología del partido. Por lo mismo, no apela a la conciencia de la sociedad, sino a ganar votos.

La tercera condición es que la desobediencia civil debe fundamentarse en los principios político-morales que regulan la Constitución y las instituciones sociales y no apelar a principios de moralidad personal o a doctrinas religiosas, aunque éstas pueden coincidir. Con la desobediencia civil una minoría intenta persuadir a los poderes públicos a que cambien ciertas leyes, políticas o procesos decisionales. Para ello apela a la sensibilidad moral y conciencia política del resto de la sociedad, de cuyo apoyo depende su efectividad. Es decir, la desobediencia civil está dirigida a desencadenar conductas de terceros para producir un nuevo proceso de formación de la voluntad política, por lo que trasciende, a dieferencia de la objeción de conciencia, de la esfera individual a la esfera pública colectiva. Se utiliza, no para trazar fronteras para que ningún acto pueda transgredir las normas de la conciencia, sino para promover cambios sociales. En esta medida, debe fundamentarse en los principios político-morales en los que se sustenta el orden político y la sociedad en general, pues de lo contrario se estaría imponiendo autoritariamente la conciencia individual sobre la de los demás.

Con frecuencia no existe un consenso respecto de la manera como los principios políticos fundamentales deben ser interpretados y en qué medida se aplican a un problema social determinado.

Hay casos respecto de los que es razonable esperar un consenso porque la violación de dichos principios es obvia, especialmente cuando se violan en forma flagrante los derechos humanos, como por ejemplo, cuando hay ciertas minorías a las que se niega el derecho a votar, a participar en el gobierno, a practicar ciertas creencias religiosas, a poseer propiedad o a trasladarse. En estos casos extremos la desobediencia civil, que se puede decir está motivada en razones de justicia, se justifica aun cuando el proceso democrático funcione adecuadamente.

Sin embargo, hay otros casos respecto de los que a menudo existe un amplio campo de opiniones conflictivas acerca de si se satisfacen o no dichos principios, especialmente se trata de políticas gubernamentales como por-ejemplo, la militar, la ecológica o la económica. Sí el proceso democrático funciona adecuadamente en cuanto a la libre discusión de las ideas, esta última forma de desobediencia civil, que se puede decir está motivada en razones político-morales, difícilmente se justifica. Se puede recurrir a ella cuando el sistema de decisión colectiva se desvía de hecho de sus pretensiones formales y los canales de crítica y disenso están cerrados. Por ejemplo, cuando no hay espacio para una discusión crítica de una política gubernamental porque es decidida por un reducido grupo, fuera del proceso democrático, y la información se controla y suministra a la población en forma parcial y distorsionada, tal como ocurrió durante el movimiento de desobediencia civil en contra de la política nuclear británica, según lo explica Bertrand Russell[Nota 24]. En estos casos la desobediencia civil es congruente con los ideales democráticos, a pesar de que no exista un consenso social respecto de qué tanto la política en cuestión satisface los principios y valores sociales fundamentales. Se acepta precisamente porque suscita un nuevo debate, a la luz de éstos principios, respecto de la política en cuestión. Así, no hay un criterio para decidir si dicha política es moralmente aceptable, lo cual no representa necesariamente una objeción, sino que la misma discusión pública constituye una condición necesaria para el avance social.

Otro requisito es que la desobediencia civil debe ser el último recurso. Esto no significa que los medios jurídicos y políticos disponibles deban de ser agotados totalmente. Se requiere que hayan sido utilizados al máximo hasta que sea evidente que a través de ellos no se logrará nada. Así, por ejemplo, si las acciones que se lleven a cabo, como escritos, manifestaciones legales, cabildeo e interposición de demandas judiciales en caso de ser procedentes, demuestran que todo intento por las vías institucionales será estéril, sólo queda el recurso de la desobediencia civil. El momento en el que se llega al grado de agotamiento de estos recursos debe ser precisado según el caso particular que se presente y la capacidad de respuesta del sistema político en cuestión. Si los procesos judiciales son excesivamente lentos y costosos, los medíos de comunicación dan acceso sólo a información privilegiada y las autoridades se muestran inaccesibles, el grado de agotamiento será alcanzado más rápidamente. Se puede también pensar en dos tipos de casos ideales extremos en los que no exista el deber de utilizar en primera instancia los medios institucionales disponibles. El primero, casos en los que se violan derechos fundamentales que dejen totalmente sin defensa a una minoría débil, como por ejemplo, la promulgación de una ley que la despoje de sus propiedades. El segundo, casos en los que exista el peligro real, de que el daño ocurra antes de que dichos medios se resuelvan, como por ejemplo, la promulgación de una ley por la que se permita la pena de muerte por motivos políticos y la disposición manifiesta de la autoridad a ejecutarla.

La última condición es que la desobediencia civil no sea utilizada como una forma de coerción sino de persuasión no violenta. La coerción se caracteriza por la intolerancia. Está dirigida a la obtención de una conducta, por parte de otros, mediante la anulación de su capacidad de decisión libre. Esto se realiza normalmente mediante la amenaza de ocasionar daños mayores, aun cuando no medie el uso de la fuerza física. En consecuencia, excluye toda posibilidad de negociación. La persuasión, en cambio, se funda en el hecho de que se puede estar equivocado y en que la percepción que se tenga de una situación, aún en el análisis más cuidadoso, siempre será parcial. Se dirige a influenciar la conducta de los otros, pero no a través de la intimidación, sino despertando su conciencia moral y racional. Para ello es necesario mantener un espíritu de apertura al diálogo y a la negociación. La desobediencia civil busca precisamente impulsar un nuevo proceso de formación racional de la voluntad política. En esta medida debe, necesariamente, partir de la humildad intelectual. Por ello los desobedientes civiles deben construir sus puntos de vista sin sobrevalorar sus intereses y visiones personales, aun cuando puedan tener razón. De lo contrario, difícilmente se podrán incorporar sus demandas a los procesos institucionales y la eficacia de esta forma de protesta se verá minada.

Esta discusión acerca de los límites de tolerancia de la desobediencia civil en un Estado democrático puede conducir a dos líneas de reflexión.

La primera es de índole positiva, es decir, la especificación de las condiciones para la efectividad de los movimientos de desobediencia civil. Esto es, las condiciones por las que dichos movimientos pueden ser en efecto incorporados en los procesos institucionales de un Estado democrático, y así desempeñar el papel de abrir el sistema político, promover cambios y reivindicaciones pacíficas y vigilar su legitimidad. Cuando la desobediencia civil sobrepasa estos límites de tolerancia, es de esperarse que fracase como movimiento social.

La segunda es de índole normativa, es decir, establece un marco de valores político-morales para llevar a cabo una desobediencia civil justificada en la democracia. Así, esta segunda línea de reflexión puede dar pautas para, por un lado, quienes contemplan la desobediencia civil, y por el otro, las autoridades, especialmente los jueces, encargadas de resolverla yjuzgarla. Si la desobediencia civil se comete dentro de los límites de tolerancia, puede ser claramente deferenciada de actos destructivos del sistema político, como de los delitos comunes o de los delitos políticos, y así considerarse como un acto antijurídico, pero moralmente justificado, que en consecuencia no debe ser perseguido penalmente.


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