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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Invierno 1990

ÉTICA, ECONOMÍA Y CRITERIOS DE LEGITIMIDAD

Author: Ernesto Garzón Valdés[Nota 1]


En 1935, Lionel Robbins publicó el título Essay on the Nature and Significance of Economic Science, un libro que es considerado como obra clásica por lo que respecta a las relaciones entre ética y economía. En su versión fuerte, la tesis central de Robbins sostenía la necesidad de establecer una distinción tajante entre los ámbitos de investigación de ambas disciplinas. Asumía así una actitud que se apartaba claramente de una tradición filosófica cuyos orígenes se remontan a la filosofía griega, concretamente a Aristóteles, y que, durante el siglo XIX, había tenido representantes tan ilustres como Jeremy Bentham, John Stuart Mill y Henry Sidgwick.

Según Robbins, cierta clase de juicios de valor, especialmente los de naturaleza ética, debían ser desterrados del campo de la economía. Las comparaciones interpersonales de utilidad, que habían sido consideradas como fundamentales por los teóricos de la economía de bienestar de orientación utilitarista, fueron calificadas por Robbins como "normativas" o "éticas" y por lo tanto como "no científica?. Esta negación del carácter científico de los enunciados de la ética normativa recibió a su vez un importante refuerzo argumentativo por parte del positivismo lógico, que no titubeó en calificar de "carentes de sentido" a los juicios éticos.

En su versión débil, la tesis de Robbins afirmaba que, si se quería hablar de una economía normativa, lo único que podía aceptarse era la formulación de reglas para el uso de recursos escasos, dentro del marco de un mercado perfectamente libre, con miras a la obtención de fines dados de antemano. La justificación de estas reglas sería, pues, instrumental o hipotética: valdría sólo en relación con ciertos fines u objetivos y sólo para aquellos individuos que los aceptan o comparten. La justificación de los fines, en cambio, superaría los límites dela razón y al respecto lo más sensato sería guardar silencio. En su versión débil, la tesis de Robbins adopta una posición ética no cognotivista.

En la actualidad, la tesis fuerte de Robbins parece haber perdido vigencia: figuras destacadas de la ciencia de la economía se interesan en creciente medida por problemas éticos, sobre todo por aquellos vinculados con la justificación de las instituciones sociales. Por su parte, los filósofos de la ética toman seriamente en cuenta las reflexiones de los economistas en cuestiones tales como las del tratamiento de los bienes públicos, la racionalidad de las decisiones colectivas o la explicación de las acciones humanas y la posibilidad de formas estables de cooperación entre seres básicamente egoístas e interesados en la maximización de sus propias utilidades. También en el campo del derecho, los enfoques económicos han sido recogidos en trabajos como los de Ronald Coase, Guido Calabresi y, más recientemente, de Richard A. Posner.

La versión débil de la tesis de Robbins cuenta con no pocos adeptos en el campo de la ética normativa, por más que en general se haya abandonado la posición radical de los no cognotivistas que negaba todo sentido a los enunciados éticos. Se mantiene, en cambio, una actitud de cautela frente a la posibilidad de fundamentar racionalmente nuestras creencias o convicciones éticas de una manera categórica y no hipotética o instrumental.

En vista de esta situación, parece oportuno deternerse a analizar los enfoques económicos de un problema central de la ética cual es el de la justificación de las instituciones y tratar de realizar un balance de sus posibles aportes. A tal fin, en lo que sigue me propongo:

I. Considerar la cuestión de la relevancia de un mercado que asegure el libre intercambio de bienes dentro de una sociedad.

II. Exponer algunos argumentos que se han esgrimido en contra de la posición expuesta en I.

III. Ver hasta qué punto una ética no cognotivista, como la postulada en la versión débil de Robbins, puede proporcionar criterios suficientes para juzgar acerca de la legitimidad de las instituciones políticas.

I

Entre los argumentos presentados a favor de la relevancia ética del mercado figuran los siguientes:

a) Como todo equilibrio competitivo es Pareto-óptimo (teorema básico de la economía de bienestar) y todo óptimun-Pareto es un equilibrio competitivo (teorema converso de la economía de bienestar), las restricciones al autointerés inmediato impuestas por la ética tienen sentido sólo si se acepta el prius temporal de relaciones competitivas que provocan una situación Pareto-subóptima. Es la suboptimalidad de la situación del mercado en el estado de naturaleza hoblesiano lo que justifica moralmente el establecimiento de las instituciones políticas (cfr. Jody S. Kraus y Jukes L. Coleman, 1987,717).

b) Los mecanismos del mercado, constituyen el instrumento más adecuado para la obtención de bienes que necesitamos para la supervivencia y que nosotros mismos no estamos en condiciones de producir; por lo tanto, tienen enorme importancia para toda moral práctica, dado las utilidades que generan. La eficiencia del mercado como medio para asegurar la riqueza social tiene, pues, una relevancia indirecta para la ética: de su bondad económica se infiere su bondad ética. Se trata aquí de una argumentación pragmática en favor del mercado, que suele ser esgrimida principalmente por los utilitaristas y por autores como John Raw1s (cfr. al respecto Allan Gibbard, 1985,22).

c) Justamente en el mercado las personas están en condiciones de negociar o, en términos generales, de comportarse como individuos que ejercitan sus derechos básicos de propiedad y libertad; la existencia del mercado sería una condición necesaria para el desenvolvimiento de la individualidad. Robert Nozick podría ser incluido en el grupo de autores que sustentan esta posición.

Como hilo conductor para el análisis que aquí me interesa, no he de recurrir ni a la obra de Rawls ni a la de Nozick sino a la de un economista, James M. Buchanan. Pienso que esta restricción es plausible por dos razones- primero, en 1975 Buchanan publicó un libro que habría de tener gran influencia en los enfoques economicistas de la justificación de las instituciones (The Limits of Liberty, Between Anarchy and Leviathan) y que recoge, en general, los argumentos arriba mencionados en favor de la relevancia ética del mercado. Segundo, en 1986, en Liberty, Market and the State, dio a conocer una nueva versión de su teoría de las relaciones entre economía y ética, que incluía fuertes restricciones a la posición formulada originariamente y proponía un nuevo enfoque para el estudio de la relevancia del mercao desde el punto de vista de una ética liberal.

En su libro de 1975, Buchanan parte de la aceptación de un valor central del liberalismo: el individualismo. Se trata del reconocimiento de la existencia de "seres que constituyen entidades independientes, portadora cada cual de sus propios valores..." (1975, 1) Pero para que pueda hablarse de individuos, es preciso que existan líneas divisorias entre las esferas del interés personal o, dicho de otra manera, que se acepte la necesidad universal de distinguir entre lo "mío" y lo "tuyo".

Sin alguna definición de los límites del conjunto de derechos para hacer cosas y/o excluir o evitar que otros hagan cosas, difícilmente puede decirse que un individuo existe en tanto tal. Sin embargo, una vez que estos límites han sido definidos y sin que importe la fuente de su derivación, un individuo es claramente una entidad diferente de sus congéneres. Equipado con este conjunto de derechos, informado acerca de ellos e igualmente informado acerca de los derechos de los demás, el individuo está en condiciones de iniciar acuerdos con las otras personas, de negociar... (1975,10)

Cuando los derechos están bien definidos y son reconocidos por los demás miembros de la sociedad, es posible la aparición de¡ mercado; éste es, por así decirlo, el ambiente natural y necesario para el ejercicio de la individualidad.

Los individuos que participan en el mercado pueden ser desiguales por lo que respecta a sus características descriptivas, pero son iguales en el intercambio mismo desde el momento en que existe acuerdo acerca de la estructura de los derechos individuales.

En la relación de mercado, las personas actúan como seres individuales dentro de¡ marco de igualdad que confiere el propio mecanismo de intercambio de lo mío y lo tuyo. Ésta es la situación que Buchanan llama de distribución natural; y todo andaría bien si no existiera, por una parte, el afán humano de maximizar los propios intereses y, por otra, la tendencia a no reconocer los derechos de propiedad de los demás cuando el número de los integrantes de un grupo aumenta apreciablemente. Además, las relaciones competitivas entre un gran número de seres cuyo comportamiento está guiado por motivaciones egoístas son incapaces de crear aquellos bienes que requieren la cooperación de todos. Para superar esta situación de suboptimalidad y evitar la disfuncionalidad que resulta del gasto innecesario de recursos destinados a adquirir y conservar bienes, es indispensable llegar a una Internalización contractual de una relación externa que existe en el estado de naturaleza precontractual" (1975, 25). Surge así el Estado político cuya función primordial es garantizar el libre juego de las reglas del mercado -es decir, de la ofertayla demanda~y el cumplimiento del contrato para evitar que se produzcan situaciones como las que ilustra el conocido caso del polizón. El aseguramiento de la vigencia de las reglas del mercado es la base de la justificación del Estado. Dicho con otras palabras: el Estado está justificado si da solución a los problemas que surgen cuando el mercado fracasa, sea porque sus reglas no son respetadas, sea porque la competencia es insuficiente para crear bienes públicos.

Es importante tener en cuenta que la distribución natural es una situación de equilibrio competitivo Pareto-óptima y, por lo tanto, cualquier modificación de la misma sólo puede hacerse por consenso de todos los miembros del grupo. En caso contrario, se afectarían los derechos "naturales" de los individuos con lo que se pondría en peligro justamente su individualidad. Utilizando una expresión de Robert Nozick (1974,6), podría decirse que toda imposición de una medida institucional que no respete el principio del consenso constituye un acto de "poder coactivo fundamental", que no admitiría justificación moral.

En efecto, los derechos individuales existen ya en la situación anárquica de distribución natural; ellos no surgen con la aparición del Estado sino que son pre-políticos. Con palabras de Buchanan:

La analogía con un simple juego puede ser útil. Dos muchachos reconocen alguna distribución de piezas de mármol entre ellos y desean jugar un juego. Pero cada muchacho puede saber que su adversario tendrá una fuerte tendencia a hacer trampa, a menos que sea estrictamente controlado. Se ponen por ello de acuerdo y nombran un árbitro, le informan acerca de las reglas bajo las cuales desean jugar y le piden que asegure el cumplimiento de las mismas. Ésta es precisamente la función que se asigna al Estado en su tarea de asegurar el cumplimiento de la ley. El Estado se convierte en la personificación institucionalizada del árbitro y su único papel es el de asegurar que se respeten los términos del contrato (1975,67).

El mantenimiento institucional de la distribución natural, del libre juego de las relaciones de intercambio entre lo "mío" y lo "tuyo" en el mercado, confiere "legitimidad" rear al Estado. El hecho de que algunos o muchos de los miembros de la sociedad política no estén conformes con esta distribución paretiana tiene relevancia sólo para aquello que Buchanan llarna "ilegitimidad alegada" e, indirectamente, para la estabilidad del sistema. En caso de que la presión de quienes alegan ¡legitimidad sea demasiado fuerte, puede ser necesaria una renegociación del contrato sobre la base del consenso y de un nuevo equilibrio natural.

Pero el consenso no es sólo la barrera que impide que se viole la individualidad basada en la propiedad de lo "mío" y lo "tuyo" sino que, además es el criterio de la verdad moral:

Una situación es juzgada 'buena' en la medida en que permite a los individuos que obtengan lo que desean obtener, cualquier cosa que esto pueda ser, con la única limitación del principio del acuerdo mutuo (1975, 2).

Esta concepción de lo bueno está basada pues en un consenso real y no en uno hipotético, enmarcado por exigencias de racionalidad o de la aceptación de algún tipo de valores. Buchanan rechaza lo que él llama "fe platónica en la verdad política", es decir, la creencia de que es posible descubrir una verdad que luego pueda ser expuesta racionalmente e impuesta a los demás. Esto equivaldría a pretender "jugar el papel de Dios" (1975, l), para usar una frase de Buchanan frecuentemente citada.

Pero, además, si lo bueno depende del acuerdo recíproco y este acuerdo es lo que caracteriza las relaciones bilaterales en el mercado, parece obvio inferir que el mercado es bueno y aprovecha a todos los participantes, como sostiene Buchanan, siguiendo la línea de pensamiento de David Hume y Adam Smith.

No está demás recordar que en esta concepción de Buchanan los individuos que celebran el llamado "contrato constitucional", es decir, el que establece el surgimiento del Estado, son desiguales en virtud de sus gustos o preferencias (función de utilidad) y sus capacidades (función de producción). El mercado no elimina estas desigualdades sino que tan sólo se limita a establecer la igualdad con respeto al intercambio mismo.

II

Veamos un poco más de cerca estos argumentos.

a') Es bien sabido que una situación puede ser Pareto-óptima en el sentido de que no es posible mejorar la situación de alguien del grupo en cuestión sin empeorar la de algún otro miembro. En verdad este criterio no es de mucha utilidad si se desea contar con pautas que permitan identificar una sociedad medianamente justa, ya que tolera las más radicales diferencias entre ricos y pobres. No obstante ello, sostenía Buchanan en su The Limits of Liberty, dadas las condiciones de la distribución natural, puede suceder que los individuos lleguen unánimemente a la conclusión de que un Estado, por más injusto que pueda ser, es más conveniente que la situación de inseguridad anárquica, con el consiguiente despilfarro de energías. La verdad política podría ser en este caso un sistema fascista o hasta una sociedad de amos y esclavos:

La eliminación completa de otras personas puede no ser, sin embargo, el curso de acción preferido por quienes poseen capacidades superiores. Una situación que goce de mayor preferencia puede ser aquella en la cual a quienes son 'débiles' se les permite que realicen esfuerzos para producir bienes, de los cuales después los 'fuertes' se apoderan... para su propio uso. En esta situación, el contrato de desarme que es negociado puede ser similar a un contrato de esclavitud en la cual el 'débil' produce bienes para el 'fuerte' a cambio de conservar algo más que la mera subsistencia, que puede no ser posible en la situación de anarquía. Un contrato de esclavitud, al igual que los otros contratos, define derechos individuales y, en la medida en que esta asignación es mutuamente aceptada, es posible asegurar ganancias mutuas de la reducción consiguiente de los esfuerzos de defensa y depredación (1975, 59 s).

El rechazo de este tipo de sociedades presupone, desde luego, la aceptación del valor ético de la libertad y la igualdad. En principio, autores como Buchanan y los defensores de la institución del mercado estarían dispuestos a admitirlos. Pero ello contradiría el llamado "teorema básico" de Pareto que requiere la irrelevancia de la desigualdad.

Dicho con otras palabras: si se acepta el teorema básico de Pareto aduciendo su eficacia y la importancia que concede al principio de igualdad en las relaciones de mercado, en el sentido de que cada cual debe dar su consentimiento para toda transformación de las mismas, no se ve por qué la igualdad no ha dejugar también un papel significativo en la determinación de las condiciones iniciales del juego del mercado. Negarlo sería, como ya lo señalara Rousseau (1964, 111, 77) "imponer nuevas trabas al débil y dar más fuerzas al fuerte."

En vista de esta dificultad, se podría aceptar una versión más débil del argumento a) a insistir en el teorema converso, es decir, sostener que si se ha establecido inicialmente una distribución justa de bienes o derechos, entonces el mercado es el mejor medio para asegurar una situación éticamente aceptable con una intervención mínima del Estado.

Tal parece ser la posición adoptada por el propio Buchanan en su reciente libro Liberty, Market and State (1986). Aquí introduce el concepto de regla "equitativa", que estaba ausente en su primera obra. Por cierto que, siguiendo el concepto consensual de lo bueno y lo justo, también aquí sostendrá que una regla de un juego es equitativa si los jugadores están de acuerdo con ella:

Esto no significa que los jugadores están de acuerdo con ella porque es equitativa. Es decir, que la equidad es definida por el acuerdo; el acuerdo no converge en alguna equidad objetivamente determinada (1986, 126).

Pero mientras en su libro de 1975, Buchanan se limitaba a la descripción de la situación de distribución natural, en su última obra adopta el punto de vista de lo que él llama "reglas idealmente equitativas" o "reglas plausiblemente equitativas", es decir, una perspectiva en cierto modo similar a la adoptada por John Rawls en su A Theory of Justice:

... deseo considerar una estructura relativamente pura del mercado, un juego del mercado relativamente puro, un juego que opere dentro de un esquema político-legal que esté limitado a la protección de la vida y la propiedad, a asegurar el cumplimiento de los contratos (1986, 127).

Desde esta perspectiva ideal del mercado, Buchanan analiza qué quiere decir "justicia" o "injusticia" cuando se habla de los resultados de distribución obtenidos a través del mercado.

Por lo pronto, parece ser necesario tomar en cuenta que en una situación de mercado existen, por lo menos, cuatro determinantes que deben ser tenidas en cuenta en el juego competitivo: la elección de una actividad profesional, la suerte, el esfuerzo personal y el nacimiento. Con respecto a los tres primeros elementos no tendría mucho sentido plantearse cuestiones de equidad o de justicia, por más que ellos puedan tener una influencia causal en los resultados que obtengan losjugadores a lo largo o al final deljuego. En cambio, el cuarto elemento, el nacimiento, en tanto constituye una ventaja o desventaja inicial, sí es relevante:

Pocas personas podrían decir que el juego económico es intrínsecamente no equitativo porque algunas personas tienen suerte o porque algunas personas hacen mejores elecciones o porque algunas personas dedican más esfuerzo que otras. La no equidad en el juego económico descrito por la operación de las instituciones del mercado... tiende a ser atribuida a la distribución de los derechos con los que las personas entran en el juego en primer lugar, antes de que se hagan las elecciones, antes de que se realice esfuerzo alguno (1986,130).

La aceptación del carácter negativo de las desigualdades provocadas por el nacimiento conduce, a su vez, a la necesidad de imponer ciertos "handicaps" a quienes resultan beneficiados por tener una mejor situación de partida. De lo que se trata en este caso es de asegurar una mayor igualdad de oportunidades para producir aquello que es considerado como valioso para el orden social. Toda persona que intervenga en eljuego político- económico del mercado tiene que tener, al menos, la esperanza de poder ganar. Con palabras de Buchanan: "la 'esperanza' es un componente extremadamente importante de cualquier orden social que formule la pretensión de ser Justo'." (1986, 135s.)

Si se asegura una posición inicial de igualdad de oportunidades, las disparidades que luego puedan resultar se deberán a los otros tres factores arriba mencionados (elección, suerte y esfuerzo) que escaparían a evaluaciones tales como `Justo" o "injusto". Por otra parte, el intento de mitigar las desigualdades de distribución en la situación pre-mercado no significa intervenir en el proceso del mercado en tanto tal.

Pero aun cuando se acepte la necesidad de establecer ajustes premercado, como lo ha señalado Amartya Sen (1985, 11 s.), una adecuada distribución inicial de bienes requiere una información completa acerca de gustos y capacidades de producción de quienes intervienen en el mercado, información que difícilmente estarán dispuestos a facilitar quienes consideren que ciertas capacidades habrán de permitirles un mayor éxito en el juego del mercado ya que ello contradiría sus reglas básicas:

Dado un comportamiento autointeresado, el mecanismo del mercado proporciona buenos incentivos para cualquier agente para que elija apropiadamente, dadas sus dotaciones iniciales, pero no hay un mecanismo comparable en virtud del cual la gente tenga el incentivo para revelar la información sobre la base de la cual podría ser hecha la elección entre estados de cosas Pareto-óptimas y 1, pudiera ser fijada la apropiada distribución inicial. (Sen, 1987, 37)

Esta particular dificultad pone de manifiesto un aspecto extraordinario del mecanismo del mercado que a menudo ha sido dejado de lado. Se trata del hecho de que la especificación del mecanismo del mercado es esencialmente una especificación incompleta de un orden social. Aun con el más puro, perfectamente competitivo mecanismo del mercado, no estamos en condiciones de entender correctamente qué habrá de suceder mientras no sepamos algo más acerca de la distribución de derechos y recursos de propiedad. Es un programa extraordinariamente ambicioso pretender juzgar una parte del ordenamiento social (el mecanismo del mercado) sin asumir algo específico acerca de las otras partes. (Sen,1985,13)

Buchanan tiene conciencia de estas dificultades y admite que, en cierto modo, las personas entran aljuego del mercado sin haber sido exactamente identificadas y clasificadas por lo que respecta a sus "talentos naturales" y a sus capacidades básicas para generar valores económicos. Las diferencias pueden existir pero no ser perceptibles hasta que no se haya iniciado el juego. Esto requiere la aceptación de un "período de demostración" que permita determinar las productividades individuales y realizar los ajustes indispensables para asegurar un juego limpio o equitativo (cfr. 1986, 142).

La necesidad de establecer una igualdad de recursos en la situación premercado es aceptada también por filósofos del derecho que propician un liberalismo igualitario, como Ronald Dworkin:

Bajo la igualdad de bienestar, la gente decide qué tipo de vida ella desea, independientemente de la información relevante para determinar en qué medida sus elecciones reducirán o promoverán la capacidad de los otros para tener lo que desean... Bajo la igualdad de recursos... la gente decide qué tipo de vida ha de perseguir sobre un trasfondo de información acerca del costo actual que sus elecciones imponen a los demás y por lo tanto en el conjunto total de recursos que puede utilizar equitativamente (1981, 288).

b') La idea del "período de demostración" es interesante pues restringe considerablemente la argumentación pragmática inicial de la bondad ética del mercado. En este período se realizan nuevos ajustes que pueden comprender desde el establecimiento de impuestos de redistribución, como los sugeridos por Gibbard (1985, 22), hasta la exclusión del ámbito del mercado de ciertos bienes considerados como básicos para la realización de todo plan de vida (es el caso de la educación pública en Buchanan o de la sanidad en Carlos S. Nino, 1984, 218):

En la medida en que los jugadores entran en el juego en condiciones aproximadamente iguales y tienen la oportunidad de jugar de acuerdo con las mismas reglas, las reglas son 'equitativas' en un sentido muy fundamental y básico... Pero los preceptos de equidad, interpretados más extensivamente, pueden sugerir alguna redistribución postproducción. Es decir, aun si los valores esperados de todas las partes de ingresos deben ser iguales ex ante, la distribución actual de las partes, ex post puede presentar tal diferencia como para que esté impuesto su rechazo por razones contractuales. (Buchanan, 1986,136)

Aceptadas estas restricciones, puede entonces:

e') Reconocerse que el mercado parece ser el mejor sistema para que los individuos puedan tener en cuenta las preferencias subjetivas de los demás y decidir, sobre la base de los diferentes costos, el plan de vida que cada cual desea realizar:

Una organización libremente competitiva de la sociedad tiende a colocar en el sistema productivo cada recurso productivo en aquella posición en la que cada participante en ese sistema está en condiciones de maximizar sus propios valores bajo la restricción de la distribución inicial de derechos entre las personas y las preferencias de los demás... (Además, dentro de los límites definidos y reconociendo que la organización de la interacción económica es sólo un elemento en el todo del orden social, hay que asignar un peso positivo a la organización competitiva sobre la base de la suposición liberal fundamental de que los individuos son las fuentes últimas del valor.) (James Buchanan, 1987, 73)

La alternativa consistiría en delegar en alguna instancia superior el establecimiento de la jerarquía de las preferencias individuales, con el consiguiente peligro para la autonomía individual (cfr. Carlos S. Nino, 1984,217).

Pero las limitaciones que hacen plausibles los instrumentos del mercado como medios para "negociar" las preferencias individuales de vida han sido impuestas en nombre de conceptos tales como "equidad", "libertad", "igualdad" o "autonomía". Se plantea pues ahora la cuestión de saber sí una posición no cognotivista, que sólo acepte una justifícación hipotética de las normas morales, puede dar contenido cabal a estos conceptos y, en este sentido, aportar argumentos para juzgar acerca de la legitimidad de las instituciones. A este tema quiero ahora referirme.

III

Para los no cognotivistas, parece ser claro que no tiene mucho sentido una distinción tajante por razones metodológicas entre ética y economía ya que:

Para ellos, la discusión racional de cuestiones prácticas, también en el campo de la ética, no podría ir más allá de imperativos hipotéticos instrumentalmente válidos que guían la persecución de objetivos, fines o valores dados. No habría ningún problema ético que no pudiera ser enfrentado con los métodos de la economía normativa standard (Hartmut Kliemt, 1987,4).

Estos objetivos o fines son justamente los de los individuos que intervienen en la relación competitiva del mercado. El consenso que ellos efectivamente les prestan es el critrio de su verdad o justicia. Se trata pues de un consentimiento fáctico y no de uno que pudiera ser adoptado en una situación hipotética o idealizada.

Pero si esto es así, el consentimiento no parece ser garantía sufienciente de justicia o de equidad. En efecto, puede suceder que todos los individuos de una comunidad social estén de acuerdo con un tipo de organización que no responda a los más elementales requerimientos de justicia. Basta pensar en el caso de una sociedad de esclavos voluntarios como la que temía John Stuart Mill. Por otra parte, si se quiere mantener el valor del individualismo como único valor fundamental del liberalismo, no se ve entonces por qué haya de ser necesario introducir criterios de equidad o de justidica para corregir ex ante o ex post los resultados de la actividad competitiva. Además, la misma calificación de alguien como individuo requiere criterios que no pueden limitarse a la determinación fáctica de lo "mío" y lo "tuyo": ¿deben ser tratados los niños, los incompetentes básicos, como miembros del conjunto de individuos que pueden realizar intercambios contractuales? La plausible respuesta negativa parece requerir pautas externas al individuo mismo. Pero aquí no terminan los problemas. Veamos algunos de ellos.

Como es sabido, según la teoría del mercado, los resultados óptimos son la consecuencia de elecciones individuales racionales, es decir, guiadas por el autointerés y no cooperativas. El actor racional procura maximizar su utilidad neta, siguiendo un cálculo ordinal de preferencias. Esta actitud de maximización de los propios intereses es lo que es considerado como esencialmente racional. Pero si el actor moral tiene en ciertos casos que reducir su comportamiento de maximización de utilidades, entonces "racionalidad y moralidad son incompatibles" (cfr. Jody S. Kraus y Jules L. Coleman 1987, 715 y Jules L. Coleman, 1987,78).

Desde el punto de vista individualista, "el mundo ideal o utópico es necesariamente anarquista en algún sentido filosófico básico" (James Buchanan, 1975,2); la "competencia perfecta define un reino de anarquía moral y política" y la moral; en tanto establece limitaciones a este comportamiento anárquico es irracional y arbitraria (Jules L. Coleman, 1987, 78).

El mismo razonamiento puede aplicarse a las instituciones coactivas. Toda aplicación de criterios externos al mercado y a la racionalidad que él encierra sería arbitraria e irracional. Como el mercado es eficiente, toda medida de redistribución es irracional por ser esencialmente no eficiente e implica siempre alguna pérdida para alguien, con lo que se violan los postulados paretianos. "Pero si la redistribución es irracional para algunos, entonces la coacción política es ilegítima, siempre y necesariamente" (Jules L. Coleman, 1987,79).

Frente a esta situación, si se está dispuesto a acpetar el valor del individualismo como elemento fundamental que impide caer en situaciones holísticas que desembocan en el sacrificio de las personas en aras de un grupo, una clase o una comunidad, y se acepta, además, que el mercado, con las restricciones mencionadas más arriba, constituye un buen procedimiento para el ejercicio de la elección individual de planes de vida, entonces, con respecto al problema de la relación entre mercado e intervención estatal, cabrían las dos siguientes alternativas:

a) Sostener que el Estado debe intervenir sólo en aquellos casos en los que el mercado fracasa en la obtención de un resultado colectivamente racional, es decir, Pareto-óptimo, o

b) Sostener, al revés, que el mercado debe surgir cuando no es posible obtener, a través de la cooperación, un resultado colectivamente racional. La función del Estado es entonces asegurar el buen funcionamiento del mercado y proporcionar los bienes públicos que, en cierto modo, existían ya en la situación pre-mercado.

En ambos casos podría lograrse una fundamentación racional de las instituciones políticas, ya que ellas surgirían como un ínstrumento para asegurar situaciones que responden al autointerés de los integrantes del respectivo grupo.

La primera alternativa es la sustentada por quienes sostienen el llamado "paradigma del mercado". Según esta posición, la mejor manera para juzgar acerca de la legitímidad de las instituciones políticas es recurrir al concepto de fracaso del mercado y compararlo con el de éxito del mercado. En un mercado exitoso la competencia perfecta conduce a un resultado colectivamente racional. Un resultado es subóptirno cuando existe otro estado de cosas Pareto-óptimo superior, es decir, cuando es posible hacer que algunos individuos estén mejor sin que otros estén peor. Como lo sabemos por la teoría de losjuegos y por el dilema de los prisioneros, en algunos casos, los comportamientos individualmente más racionales no son los que conducen a una situación colectiva racional. Surge así aquella situación que ya había visto Kant cuando se refería a la socialidad insociable del hombre: por una parte, la actitud de antagonismo competitivo, es decir, la persecución de los propios intereses es la fuente del desarrollo de los talentos individuales: "si los hombres fueran tan bondadosos como las ovejas a las que dan de pastar, no crearían para su existencia un valor superior al que tienen estos animales domésticos"; por la otra, la "arrogancia competitiva" del hombre es la que lo obliga a aceptar el Estado para no vivir en permannte guerra y lograr una situación de armonía social (cfr. Immanuel Kant, 1964, VI, 38). Cuando fracasa la competencia de los talentos, debido a que aquella se vuelve "arrogante", hay que asegurar coactivamente, es decir, a través del Estado, el "surplus cooperativo" de la paz y de los bienes públicos en general.

En el momento en que los individuos se ponen de acuerdo en abandonar el autointerés ¡limitado para lograr el "surplus cooperativo" las normas políticas, jurídicas y morales adquieren un carácter productivo y racional. Esta posición es conocida con el nombre de teoría mercantil de las instituciones no mercantiles.

La segunda alternativa: Recientemente Jules L. Coleman (1987,81 s.) ha señalado cuán problemático es utilizar el mercado perfectamente competitivo como punto de partida conceptual y normativo para fundamentar la legitimidad de las instituciones políticas y morales y propuesto invertir la relación entre el mercado y la acción cooperativa. Si en la versión comúnmente aceptada, la cooperación surge como consecuencia de¡ fracaso del mercado, la sugerencia de Coleman consiste en reconstruir la concepción de la competencia perfecta de modo tal que la acción colectiva y cooperativa tenga prioridad lógica con respeto a la competencia perfecta. La idea es que los productores realmente no prefieren vender a precios competitivos sino a precios que les proporcionen un surplus que luego sea distribuido entre todos ellos. De esta manera, las preferencias serían maximizadas si se ponen de acuerdo colectivamente en una estrategia que fije los precios y que impida a los demás una entrada fácil al mercado. Se trata de una estrategia cooperativa que asegura un mejor resultado que sí cada cual queda librado a la estrategia de la Ubre competencia. Pero, como lo demuestra el dilema de los prisioneros y la actitud del polizón, esta situación cooperativa tiende a ser inestable y a fracasar. La estrategia cooperativa es entonces reemplazada por la competitiva: "...la competencia surge como una solución al problema del fracaso de la acción colectiva y no al revés" (Jules L. Coleman, 1987, 82). Cuando las sociedades son pequeñas y se dan relaciones "face to face", los problemas tienden a ser resueltos cooperatívamente. La institución incaica de los ayllus integrados por no más de 100 personas es una ilustración histórica de formas de cooperación colectiva que funcionan sin recurrir a la competencia del mercado. Pero, a medida que el número de los integrantes de un grupo social aumente, disminuye la tendencia a la cooperación y aparece entonces el mercado como solución aceptable.

Podría aducirse otro argumento en favor del prius lógico de la cooperación: como el funcionamiento del mercado requiere la existencia de derechos de propiedad estables y la ausencia del uso de la fuerza o del fraude, el esquema de la seguridad de los derechos de propiedad es un bien colectivo previo al juego competitivo, es decir, que una acción colectiva exitosa es una precondición del equilibrio competitivo. Mientras el primer argumento sostiene que la competencia exitosa surge como consecuencia del fracaso de la cooperación, el segundo sugiere que una competencia exitosa es en parte el resultado de una cooperación exitosa.

Sea que se acepte la primera alternativa o que uno se incline más por la segunda, en ambos casos la justificación de las instituciones depende de la satisfacción bien entendida del propio interés. No hay duda de que esta conclusión es atractiva para quienes propician una fundamentación instrumental o hipotética de las normas morales: de esta manera quedaría superada la aparente paradoja que resulta de admitir como pauta máxima de comportamiento la persecución de los propios intereses, y a la vez, aceptar restricciones en la satisfacción inmediata de los mismos. Pero, como esta superación se logra con argumentos prudenciales, no es posible llegar a través de ella a conceptos tales como los de equidad o justicia, que, son básicos en una fundamentación moral. El hombre meramente prudente no alcanza todavía el nivel de un agente moral. Para decirlo con palabras de David P. Gauthier:

Desea atemperar su persecución unilateral de la ventaja sólo aceptando la obligación de adherir a los compromisos adoptados prudencialmente. No se interesa realmente por las ventajas de los demás, que podría llevarlo a modificar la persecución de la ventaja cuando ella entra en conflicto con similares propósitos de los demás. A menos que espere ganar, no desea aceptar restricciones en la persecución de ventajas que aspiran a igualar las oportunidades abiertas a todos. Con otras palabras, no se interesa por la equidad (1978,196).

Con argumentos prudenciales puede explicarse el surgimiento de instituciones políticas. Tal es la vía iniciada por Hobbes, continuada por Hume y aceptada en la actualidad por la mayor parte de los economistas o por juristas como Norbert Hoerster. Sin embargo, la explicación genética no debe ser confundida con la justificación normativa. Este último problema es el que interesa a los filósofos de la moral.

Pero, además, en la concepción de los economistas, sea que se dé prioridad conceptual a la cooperación o al mercado, la moralidad que suele ser aceptada es aquélla que sólo establece la prohibición del daño provocado por el uso de la fuerza o el engaño. Dicho con otras palabras: el establecimiento de deberes negativos. Hasta qué punto la aceptación de deberes negativos implica también la aceptación de deberes positivos, es decir, hasta qué punto la justificación moral del Estado no implica también la justificación del Estado social es una cuestión que no he de analizar aquí por haberlo hecho ya en otro lugar (cfr. 1986).

Me interesa, en cambio, insistir una vez más sobre un aspecto que considero problemático en relación con la justificación de la legitimidad del Estado. Se trata de la cuestión de la limitación de la verdad moral al consenso fáctico. Siguiendo la terminología de Hart, podría llamarse a este consenso el "punto de vista interno" de los miembros de una sociedad política con respecto a las reglas que las rigen. Este punto de vista interno, si bien es cierto que tiene una connotación moral, ya que es la expresión de la moral positiva de la respectiva sociedad o de sus grupos dominantes, tiene que ser distinguido de un punto de vista ético o de una moral esclarecida.

El punto de vista interno está vinculado con el aspecto de la legitimación de los ordenamientos políticos -cualquiera que sea su calidad ética- y es condición necesaria para la existencia y estabilidad de los mismos (cfr. Ernesto Garzón Valdés, 1987). Es este aspecto de la eficiencia y estabilidad de las instituciones el que preocupa fundamentalmente a los economistas. En autores como Buchanan o en su maestro Frank H. Knight, la estabilidad depende de un amplio consenso por parte de los individuos, consenso que el mercado contribuiría a reforzar. La relación entre eficiencia y consenso puede ser interpretada de diversa manera y así para Buchanan un estado de cosas es eficiente si se está de acuerdo con él; el consenso implicaría eficiencia. Para otros, como Richard Posner, la eficiencia implicaría consenso (cfr. Jules L. Coleman, 1987, 86). Pero, en cualquiera de los casos, el interés se centra en la estabilidad y en la legitimación de los ordenamientos políticos.

La propuesta de los economistas es la de un procedimiento que, a diferencia de lo que sucede con teorías procedimentales extremas de la legitimidad como la de Niklas Luhmann, por ejemplo, aceptan el marco valorativo del individualismo y del consenso.

El freno del individualismo, expresado en la necesidad de un consenso fáctico y acompañado por un escepticismo moral que tan sólo permite la justificación hipotética de las normas de conducta, conduce únicamente a la consolidación de un status quo que, en el mejor de los casos (cuando no se produzcan situaciones de "ilegitimidad alegada"), refuerza la estabilidad de las instituciones políticas. Pero de aquí no se puede pasar a la formulación de juicios de "equidad" o de "justicia", que permitan evaluar las reglas del procedimiento del mercado y establecer cuáles preferencias individuales deben ser aceptadas éticamente y cuáles no. No existe una vinculación necesaria entre eficiencia y equidad: una relación de mercado injusta no tiene por qué implicar transferencias improductivas y tampoco ser inestable. La estabilidad no es condición necesaria ni suficiente de la legitimidad, entendida como coincidencia con los principios de una moral esclarecida o la ética.

Sin un recurso normativo más fuerte, como puede ser el de la aceptación de un "sentido de la justicia" (Rawls) o de una situación de discurso ideal en el que rijan no sólo criterios de racionalidad sino también de universalidad (Habermas), no parece posible obtener una base valorativa que nos permita decir cuándo un Estado posee no sólo legitimación sino también legitimidad.

La idea del consenso no es tan simple como podrían sugerir algunos análisis de los economistas. Ella presupone que cada cual es el mejor juez de sus propios intereses, que dada cual actúa con un conocimiento completo de la respectiva situación y con un grado de racionalidad que le permite distinguir claramente entre sus intereses a corto y a largo plazo. En sociedades complejas como las de las democracias liberales actuales, estas presuposiciones, lejos de ser evidentes, son más bien utópicas. No es necesario tener un espíritu especialmente crítico para poner en duda la categórica frase de George Stingler (1981, 190): "vivimos en un mundo de gente razonablemente bien informada que actúa inteligentemente en la persecución de sus propios interese?. Lo más realista es suponer que, en general, existe no poca desarmonía entre lo que la gente cree que son sus intereses y sus intereses reales desde el punto de vista de los valores que ella misma proclama. Ello es justamente lo que vuelve justificables ciertos casos de paternalismo jurídico.

Por supuesto que alguien podría aducir que lo relevante es tan sólo la estabilidad de los sistemas políticos y que para ello basta el procedimiento del mercado y el criterio del consenso fáctico, cualesquiera que sean las motivaciones de este último. Pero aquí cabría preguntarse: ¿relevante en qué sentido? Curiosamente en los economistas liberales, no obstante su aparente escepticismo moral, parecen estar tácitamente presupuestos valores tales como los de la autonomía personal o la libertad individual. Es justamente la aceptación de estos valores lo que confiere interés al procedimiento del mercado y a sus análisis sobre las motivaciones del comportamiento humano, a la vez que pone de manifiesto sus limitaciones. Estas últimas resultan también, en no poca medida, de la reducción de la racionalidad a la persecución del propio interés. Por definición, entonces, todo apartamiento de una estrategia autointersada, como suele ser la impuesta por la ética, se vuelve irracional. La situación es aquí más grave que cuando se afirma que, por lo general, los hombres actúan guiados por motivaciones egoístas: "El egoísmo universal como realidad puede ser falso, pero el egoísmo universal como requerimiento de racionalidad es manifiestamente absurdo" (Amartya Sen, 1987, 11).

El aporte de los economistas con respecto a las instituciones políticas es sin duda interesante desde el punto de vista de la justificación del Estado en general y del rechazo de una situación de anarquía. Esto vale para las dos alternativas expuestas más arriba: para el caso en que el mercado aparece cuando fracasa la solidaridad creadora de bienes públicos o cuando, a raíz del fracaso de la libre competencia, hay que asegurar bienes públicos, entre ellos la seguridad, mediante una solidaridad institucionalmente impuesta. Pero una cosa es dar buenas razones para preferir el Estado a la anarquía y otra presentar argumentos que nos permitan distinguir entre un Estado que posee legitimidad y otro que carece de ella. Éste es un tema central de la ética política que no puede ser enfrentado tan sólo con argumentos de estabilidad social. En este campo, la propuesta de los economistas es, en mi opinión, insuficiente y tiene que serlo necesariamente en la medida en que sólo acepte como punto de partida los valores del individualismo y del consentimiento real. La versión débil de la tesis de Robbins resulta pues también insatisfactoria.

Bibliografía

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