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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Verano 1993

1. El contexto histórico-estructural: determinaciones y condicionamientos


El peso cuantitativo y cualitativo, y los papeles posibles, de los grupos intelectuales se incrementan en cambio con la independencia y la organización nacionales. En ambos procesos, el Estado y las élites (intelectuales, militares, eclesiásticas, políticas), son más productores que productos; son creadores de una nación a la que preexisten, actores primordiales en la estructuración y el funcionamiento de la economía, la sociedad y el sistema político. Uno y otras se autoconstruyen y se autodesarrollan, con una realidad y una lógica propias, con sus principios inherentes de determinación; se dotan de aparato, de institucionalización y de espacio autonomizado.[Nota 8]

El modelo de régimen político y de Estado que las élites públicas importan y adaptan, se sobreimpone a una heterogeneidad de fuerzas, estructuras y prácticas tradicionales que en parte se someten y son modeladas por él, en parte lo rechazan o lo refractan desvirtuando su funcionamiento y resultados.

Desde la independencia hasta el presente, el proyecto de incorporación al proceso mundial de modernización, los prototipos de economía y sociedad, de cultura, de Estado y democracia, el camino de desarrollo, provienen primordialmente de fuentes y de marcos de referencias exteriores. Han sido transplantados a los países latinoamericanos por sus élites dirigentes y grupos dominantes desde algunos de los países desarrollados, e interiorizados como componentes nacionales. Proyectos, prototipos, realizaciones, han desplegado una historia y una especificidad propias, con sus entrelazamientos e interacciones, sus redes y constelaciones de fenómenos, formas y dinamismos. Han sido además anticipatorios respecto a la premisas y bases que deberían haber tenido, y a los contenidos y resultados que pretendieron tener o prometieron lograr .

La incorporación al sistema económico-político mundial y sus patrones de división del trabajo, han sido marcos de referencia impositivos y cambiantes, con el consiguiente peligro de desajuste y retraso. Se impuso la restructuración interna de los países como un ajuste pasivo a las coacciones exteriores para posibilitar la inserción en el sistema económico-político mundial, el crecimiento y la modernización interiores; en suma la instauración de un nuevo sistema de dominación.

La permanente búsqueda de caminos y soluciones importando fórmulas externas, ha llevado a subestimar o negar la importancia y la necesidad de producir internamente los prerrequisitos, los componentes y los resultados del crecimiento, de la modernización, del cambio social, del Estado nacional, de la democracia; de la cultura, la ciencia y la tecnología. Los países latinoamericanos han carecido de expresiones, similares o equivalentes a las del Renacimiento y la Reforma religiosa, del Siglo de las Luces, del espíritu burgués y la empresa capitalista, de la sociedad civil, de la revolución democrática, del principio de ciudadanía, del Estado de Derecho.

Modernización, Estado Nacional, imperio de la ley, democracia, han sido siempre proyecciones anticipatorias y promesas incumplidas, completamente o en un grado significativo, por la carencia de prerrequisitos, componentes, proyecciones y mecanismos de refuerzo y multiplicación. El prototipo de democracia que las élites públicas importan y aplican se anticipa a la realidad y a la democratización. Aquél se irá intentando en oleadas sucesivas, con flujos y reflujos, con movimientos y resultados de inclusión y exclusión, ascensos y desbordes, reajustes y estabilizaciones, recuperaciones y regresiones.

Estas carencias acumulativas y autoperpetuadas han estado presentes y han incidido negativamente, hasta la época actual, sobre los rasgos, las modalidades y los logros de los desarrollos nacionales, del crecimiento irregular y la modernización superficial, del cambio y el conflicto sociales; sobre los patrones y contenidos de la cultura, las formas y fases de la política y del Estado. La dependencia externa, los fuertes desniveles internos (socioeconómicos, culturales, regionales), la concentración del poder político, impiden o restringen la vigencia y los alcances del Estado soberano, de la participación popular, de la democracia representativa, del imperio del Derecho.

Las élites públicas de intelectuales (políticos, ideólogos, profesionistas, administradores y militares) elaboran y aplican un modelo de Estado liberaloligárquico que, en su formulación y en su práctica, despliega ambigüedades y oscilaciones entre el ser y el deber ser, la forma y el contenido, la intención proclamada y el resultado obtenido. Las élites emancipadoras y organizadoras heredan una sociedad carente de las tradiciones, de las virtualidades y las realizaciones de la democracia, del capitalismo, de la industrialización, de la diversificación pluralizante, de la sociedad civil. Asumen el poder político sin cambios estructurales, sin amplias bases sociales, sin legitimidad ni títulos válidos (salvo el Derecho Natural y la invocación al vacío de poder, al peligro de disolución y anarquía). Su poder se basa en la fuerza desnuda; en la continuidad y refuerzo del personalismo caciquil y caudillista ; en el logro gradual del consenso por un asentimiento que los pocos imponen a la conformidad resignada de muchos.

Estado y élites públicas ejercen un poder constituyente ficticio, otorgado a una nación que aún no existe o a un pueblo ausente o pasivo. Estado, élites y gobiernos carecen de legitimidad para expresarse y actuar como voluntad común, para definir y realizar el interés nacional, para adoptar y aplicar decisiones políticas, para ejercer el poder constituyente por y para una pluralidad de grupos, organizaciones e instituciones.

Dependencia externa, modelo adoptado de economía y desarrollo, sociedad polarizada y rígida, fracturas y desequilibrios de aquélla por desigualdades, tensiones y conflictos de todo tipo, ausencia de sociedad civil digna de ese nombre, concentración del poder en minorías y marginación de mayorías, ausencia de tradiciones y fuerzas favorables a la apertura de la participación social y política: todo ello converge y se entrelaza para restringir la vigencia de los principios de ciudadanía, de soberanía popular, de democracia representativa, de imperio de la ley y del Estado de Derecho.

Elitización y oligarquización, monopolio de los medios de decisión y control en pocas manos, permiten combinar el respeto de las formas democrático-liberales y la desnaturalización práctica de sus principios, aplicaciones y efectos. Ello se manifiesta sobre todo en lo referente al predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial, al triunfo del presidencialismo, a la débil y desigual vigencia de los derechos individuales (civiles, y sobre todo sociales y políticos), a la semi-ficción del federalismo. [Nota 9]

El sistema político emergente presenta los rasgos de una autocracia unificadora, de una democracia de participación restringida, o de una combinación de ambos tipos. Ello condiciona y hasta determina los caracteres y alcances del régimen constitucional y jurídico, de los derechos civiles, sociales y políticos, de los sistemas electorales, de los partidos, del grado de sometimiento del Estado al imperio de la ley; y también contribuye al surgimiento de un tipo particular de cultura e ideología dominantes, y a la definición de la situación secundaria y el papel limitado de los intelectuales opositores. [Nota 10]

El poder de las élites oligárquicas se crea y es reforzado por la inexistencia de partidos dotados de programas, de organización y de anchas bases. Los existentes, oficialistas u opositores, son partidos de notables, conglomerados de grupos personalistas y de clanes, que buscan asegurar el manejo de las maquinarias políticas (nacionales, regionales, locales). El aparato del Estado es de hecho el único o más importante partido viable y formal. Uno y otro se identifican como instrumentos de las élites dirigentes y grupos dominantes, que apoyan al presidente y a su camarilla que los dirigen.

La aparición y las proyecciones de los partidos opositores se ven limitadas por la lenta emergencia, la falta de organicidad, de autoconciencia de los grupos medios y dominados; por la subordinación y marginalidad de las masas nativas y de los inmigrantes; por el carácter restrictivo del sistema político. Ello obstaculiza el surgimiento y el poder irradiante de nuevas élites políticas con posibilidades y aptitudes para organizarse, hacerse conocer en los sectores medios y populares y lograr su adhesión. Los partidos opositores aparecen inicialmente como fuerzas de crítica y resistencia al régimen, más que de dirección y de oferta de alternativas. Son débiles e inoperantes, no constituyen una amenaza seria para las élites oligárquicas. Estas conservan largo tiempo libertad de maniobra, no se ven inducidas por ningún desafío real a modificarse en sí mismas y en su conducción política. Las pujas entre grupos oligárquicos pueden desarrollarse sin que ello repercuta en la estabilidad del sistema.

La unidad fundamental entre las élites oligárquicas, en efecto, no excluye competencias y luchas personales, de clanes y de grupos de intereses, por el logro y el reparto del poder, los cargos públicos, las concesiones o privilegios. Estos conflictos son resueltos por y dentro del Estado, de acuerdo a las alianzas internas y externas, a las cambiantes relaciones de fuerzas y a las vicisitudes mismas de la lucha. Al respecto pueden darse dos situaciones básicas: hegemonía casi completa de un grupo dominante sobre los otros; o equilibrio más o menos estable de fuerzas entre los distintos grupos que se expresa en compromisos provisorios o duraderos.

En cualquiera de los casos, tiende a prevalecer el autoritarismo centralizador del presidente y su camarilla, que eligen y controlan a parlamentarios, gobernadores, dirigentes partidistas, altos funcionarios, jueces. Estos, a su vez, manejan al electorado, seleccionan e imponen a los hombres adecuados, convalidan y ejecutan las decisiones de las élites de poder de las cuales son parte y apéndice. A este juego de fuerzas corresponden también los instrumentos y mecanismos para la selección y el reclutamiento de intelectuales dispuestos a ser cooptados, o para su discriminación marginalizante.

El gobierno se estructura y opera como coto cerrado; los asuntos nacionales son manejados como problemas de familia y de clan, para servir a un círculo restringido de individuos e intereses. La corrupción política y administrativa, el favoritismo, el nepotismo, la arbitrariedad, son regla general. Ello se manifiesta en el reparto de cargos públicos y posibilidades de enriquecimiento, en el uso de poderes de decisión y de manejo de dinero y bienes públicos, en la definición de las políticas (comercial, financiera, monetaria, crediticia, agraria, minera) para la acumulación privada de miembros y grupos de las élites oligárquicas.

Autocracia unificadora, democracia restringida, o un híbrido de ambas, el sistema político combina la fuerza desnuda y el consenso entre falsificado y real . El sufragio es suprimido o limitado por la violencia militar y policíaca, los artilugios constitucionales y legales, la corrupción, la anulación arbitraria de elecciones. La participación política es también limitada por la estructura de la economía y de la sociedad; por sus consecuencias, les bajos niveles de ingreso y alfabetización de las mayorías, su marginalización, su sometimiento a la manipulación de las élites, su propia heterogeneidad y sus carencias de organización política autónoma. Los inmigrantes tienen una posición ambigua, con derechos civiles pero no políticos, obstaculizados en la nacionalización y en la participación electoral, preocupados por el éxito económico, no incorporados de modo permanente y activo a la vida nacional.

En general, toda la población urbana comparte el deseo general de progreso individual, de enriquecimiento económico y ascenso social, lo que contribuye a reducir o desviar la presión política de los sectores medios y populares. El manejo del Estado y de su presupuesto permite incorporar y burocratizar a una parte de las capas medias, que permenecen así pasivas o predispuestas a otorgar su consenso a la hegemonía oligárquica. Los grupos intelectuales, profesionales y empresariales de las capas medias carecen de organicidad, madurez y autoconciencia en grado suficiente para elaborar una estrategia y una política alternativas a las de las élites oligárquicas, que proporcione una dirección efectiva a los movimientos populares.

El contexto estructural que condiciona las situaciones, tendencias y papeles políticos de los intelectuales, incluye también el perfil de la sociedad civil, la naturaleza y límites de la cultura y la ideología dominante.

Inexistente, o débil y subordinada al Estado, la sociedad civil se caracteriza por una imperfecta diferenciación estructura], la poca o nula autonomía de los subsistemas, el carácter incompleto de la secularización y la debilidad de la opinión pública.

El bajo grado de división del trabajo se manifiesta en la escasa diversificación de los actores (clases, grupos, individuos) y de sus papeles, la poca especialización de estructuras y órganos, la reducida posibilidad de asunción por unas y otros de funciones primordiales netamente determinadas. Actores y órganos asumen y confunden papeles y funciones poco diferenciados. La lenta e incompleta secularización deja subsistentes relaciones, valores y normas tradicionales, contribuye a la acumulación y confusión de poderes, a su personalización en autoridades irracionales e incuestionables.

Los grupos primarios (de parentesco, étnicos, territoriales, religiosos...) predominan por largo tiempo; se revelan mutuamente conflictivos y excluyentes, poco articulables en conjuntos orgánicos, carentes de autonomía, manipulables como clientelas de grupos elitistas y oligárquicos. Los grupos intermedios y las organizaciones secundarias (empresariales, sindicales, partidistas, culturales, ideológicos, de opinión pública...) no existen o son débiles y de lento avance. Su inexistencia o insuficiencia impiden o retrasan la integración en cuerpos colectivos y corrientes de opinión; la movilización al servicio de causas y objetivos nacionales; la provisión de sostenes pero también de controles para Estados y gobiernos.

La fragmentación de opiniones y públicos, con predominio de una opinión gubernamental - oligárquica, en coexistencia con otras marginales o subordinadas, se proyecta en la heterogeneidad de visiones, ideas, valores y normas, con un bajo grado de integración. Se carece de formas, soluciones, reglas e instituciones del juego político, que sean comprendidas, aceptadas y aplicadas por todos o por la mayoría.


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