©ITAM Derechos Reservados.
La reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.

ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Verano 1995

La propuesta agraria y agrícola de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles


Los diferentes documentos publicados sobre la explotación de los trabajadores rurales no alcanzaban a reflejar el derecho que tenía el patrón de utilizar la fuerza de trabajo del aparcero ni la serie de estipulaciones por las cuales, de una u otra manera, el mediero siempre salía perdiendo frente a la hacienda. Mucho menos reconocían que mientras existieran los contratos de aparcería (a medias, al quinto y al rajar) permanecerían idénticos los pilares que permitían la explotación de la gran propiedad. Condición que expresa que, en realidad, no se tenía ninguna intención de lesionar el sistema de la hacienda. De ahí que, lejos de instrumentar un proyecto agrario, se empezaron a emitir leyes reguladoras de la aparecería que dejaban intactos los factores laborales y productivos que sostenían el régimen de la gran propiedad.

Éste fue el caso de la Ley de tierras ociosas, publicada el 23 de junio de 1920 por Adolfo de la Huerta, presidente interino de la República al triunfo del Plan de Agua Prieta. Ley que, generalmente, ha sido identificada como una de las primeras disposiciones agrarias después del revolucionario artículo 27. No obstante, la misma no tenía un propósito agrario sino productivo, puesto que obedecía a la intención de incrementar la productividad agrícola. Por otra parte, no disponía elementos novedosos para organización de la producción puesto que se fundamentaba en la aparcería que era el sistema tradicionalmente usado por la hacienda. Asimismo contenía el propósito político de otorgar una fuente de financiamiento a los municipios a fin de fundamentar su autonomía política.

También es cierto que Álvaro Obregón, como los otros dos sonorenses que encabezaron el Plan de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, consideraba que la reforma agraria debía encaminarse por la pequeña propiedad y que el fraccionamiento del latifundio debía realizarse ordenadamente y de acuerdo con los intereses económicos del país. Esa postura había sido clara en el discurso que sostuvo el general Obregón en la Cámara Agrícola del estado de Jalisco en el cual había condenado la improvisación y la falta de visión con que algunos generales estaban fraccionando el latifundio y destruyendo negociaciones agrícolas de importancia para el futuro económico del país.

Es claro que el gran proyecto del presidente era mejorar las condiciones técnicas de producción (la irrigación, el crédito, la organización de productores, el mejoramiento de las semillas y formas adecuadas de comercialización que incrementaran los ingresos del productor) y orientar la reforma por la pequeña propiedad. Era entonces, un programa de progreso agrícola y no de reforma agraria. Incluso el proyecto de Ley sobre el fraccionamiento de los latifundios presentado a las cámaras el 9 de febrero de 1921 "protegía" aquellas negociaciones agrícolas "que tuviesen establecidos sistemas modernos de cultivo".

No obstante, Obregón no podía dejar de satisfacer las demandas agrarias de los hombres del campo, porque ellos habían sido sus grandes aliados, junto a los obreros, cuando el Plan de Agua Prieta. Además, un programa agrario suave y bien dirigido restablecería la unidad revolucionaria que se había perdido con los acontecimientos de Tlaxcalaltongo, cuando perdió la vida el presidente Carranza. De ahí que el Reglamento agrario del 10 de abril de 1922 abrió las puertas para que los centros de población que no estaban situados en terrenos de las haciendas pudieran solicitar dotaciones de tierra. Es decir, podían solicitar tierras los grupos rancheros que se habían sumado al Plan de Agua Prieta quienes, por otra parte, habían sido armados por el gobierno federal.

Con fuerzas armadas propias y con una legislación favorable, los rancheros se atrevieron a solicitar las tierras que trabajaban a medias con la hacienda. Tal fue el caso de los rancheros de Concá, de la Sierra Gorda del lado queretano, quienes no sólo solicitaron las tierras de la hacienda de Conca sino que, amparados por las armas y porque ocupaban los puestos políticos del municipio y del poblado, las ocuparon antes de que se emitiera la resolución agraria. El proceso, iniciado en 192 1, tardó cinco años en resolverse tanto por la renuencia regional como por la intervención de la Embajada norteamericana, dado que San Nicolás Concá estaba en propiedad de un ciudadano norteamericano, Alejandro S. Sharpton.

Es de señalar que excepto la de Concá, ninguna otra sociedad ranchera de la entidad se acogió a esta ley. La pasividad de los rancheros de los valles queretanos encuentra su explicación en las condiciones altamente productivas de esta región, donde desde el porfiriato se habían venido realizado fuertes inversiones en infraestructura de riego. De esa manera, los hacendados de los valles podían acogerse a las disposiciones del reglamento obregonista que protegía las unidades agrícolas productivas y las propiedades de los hacendados que no temían invertir en la adquisición de nueva tecnología. Propósito que determinó la decisión de poner candados al reglamento agrario a fin de que los peones y trabajadores de las fincas no pudieran pedir dotaciones con el propósito de "preservar" la fuerza de trabajo de las unidades agrícolas.

Por otra parte, el reglamento ponía fin a los repartos de tierras de mala calidad, que había sido una constante revolucionaria, a la vez que protegía la pequeña propiedad. Así, aún cuando establece el minifundio, éste variaba de tamaño !según si se tenía o no posibilidad de riego.[Nota 9]

Así, se trataba de una reforma agraria moderada que no pretendía destruir la base agrícola que sostenía la hacienda. Se iban a repartir tierras ciertamente, pero sin atentar contra la industria agrícola y ganadera del país que era exitosa y la dotación se haría de manera gradual. Puede observarse que el general Obregón no tenía la intención de afectar de manera seria los grandes latifundios productivos. Pero, al mismo tiempo, se deseaba favorecer a la población rural que había sido, y seguía siendo, uno de los principales soportes de los gobiernos revolucionarios.

Las puertas que abrió el régimen de Obregón para una mejor organización del mundo rural no fueron aprovechadas por la dirigencia política queretana, todavía renuente a tocar una de las fuentes de trabajo más lucrativas de la entidad. La única petición agraria que cruza el período 1920 a 1925, la de los rancheros de Concá, se encuentra estrechamente relacionada con los afanes de poder de cada uno de los cinco gobernadores que se sucedieron de 1920 a 1925, que necesitaron de las fuerzas armadas de los rancheros para sostener sus gobiernos. Pero ante todo, se debió a los alientos y aspiraciones de los rancheros armados, que por primera vez se encontraron en posibilidad de enfrentar el poder hegemónico que desde finales del siglo XIX ejercían los hermanos Olvera en la región serrana.

Es innegable que los dirigentes políticos queretanos, que provenían de la clase media y aristocrática, no tenían ninguna intención de fraccionar la hacienda. Tan sólo se preocuparon por mejorar las condiciones de trabajo de las fincas rústicas, disposiciones que en nada contribuían a modificar el régimen de la tenencia de la tierra. Esta posición quedó establecida en la reglamentación agrícola que contiene la Ley del trabajo que fue emitida en diciembre de 1922 por la XXV legislatura local que sólo regulaba las prácticas tradicionales que habían permitido la existencia de la hacienda: la mediería, las jornadas de trabajo, los salarios en especie

Los acontecimientos políticos y militares de la última etapa del gobierno del general Obregón, por la "imposición" de la candidatura del general Plutarco Elías Calles, que desencadenaron la revuelta delahuertista, pusieron a discusión el proyecto de nación con la misma intensidad y ambigüedad que durante el proceso revolucionario. De 1923 a 1931, en que se sucedieron tres revoluciones (delahuertista, cristera y de Escobar) y se conformó el período conocido por los historiadores como "el maximato", [Nota 10] cambió el ritmo de la historia en todos los ámbitos de la vida política y social.

Los enfrentamientos y divisiones militares, tanto en 1920 como en 1923, 1927 y 1929, fueron determinantes para que los presidentes Obregón y Calles recurrieran a la formación de fuerzas armadas no militares que eran reclutadas entre los únicos grupos que entonces estaban dispuestos a "jugar" con el gobierno federal para defender el orden constitucional: los rancheros, peones y medieros del sector rural. De esa manera, la federación, el "Supremo Gobierno" como todavía dicen los hombres del campo, se vio comprometida con los intereses y causas del sector rural popular mientras dejaba de lado los de aquellos que eran los más aptos para gobernar o para llevar a cabo el proyecto que encabezan los sonorenses: la clase media y la aristocracia terrateniente, comercial e industrial.

Esa transformación socio-política que significó el relegamiento de la clase dirigente (aristocracia y profesionistas) del poder y el ascenso de los rancheros, también condicionó el proyecto de desarrollo económico que tenían los sonorenses. En particular el del general Calles, precisa mente porque fue durante su administración cuando por los conflictos que se tuvieron que enfrentar -guerra cristera e inestabilidad política generada por el asesinato de Álvaro Obregón en 1928- los rancheros armados alcanzaron mayor fuerza y poder: ellos se convirtieron en uno de los pilares más sólidos del partido naciente, el PNR, y del sistema político que se perfilaba. Como consecuencia, en 1929 el proyecto agrícola para el país diseñado durante el régimen de Obregón y Calles, se trastocó radicalmente en un proyecto agrario. Dicha transformación no pudo realizarse de manera pacífica tanto por la oposición de los propietarios y las demandas de los rancheros como porque los dirigentes nacionales se encontraban divididos: ¿Cuál era la mejor forma de impulsar el desarrollo de la agricultura, actividad fundamental de la nación? De hecho, era el mismo interrogante que se habían formulado los porfiristas en 1902.

Para Calles, la solución al problema de la agricultura estaba en la irrigación y el crédito oportuno, que también eran parte esencial de los planes agrícolas discutidos por el personal de la Secretaría de fomento entre 1902 y 1910. Por eso se creó la Comisión Nacional de Irrigación para "promover y construir obras de irrigación en la República" el 4 de enero de 1926, y la Ley de Crédito Agrícola publicada el 10 de febrero del mismo año. De manera paralela, se emitió la Ley de Colonización, del 5 de abril de 1926, que reglamentaba la fragmentación de las propiedades privadas con excepción de las que tuvieran una adecuada explotación agrícola, aquellas que constituyeran una "unidad agrícola" con tecnología moderna y las que eran cultivadas por una administración directa, es decir, que no recurrían al arrendamiento de los terrenos.

Esas especificaciones delimitaban, de una forma indirecta, que la propiedad agrícola que se tenía en mente era la pequeña propiedad porque ningún latifundio, por su extensión, podía ser trabajado con una administración directa. Así, la Ley de Colonización era un elemento clave en el proyecto de desarrollo agrícola concebido por el general Calles: crear una legión de agricultores, con buenas tierras, modernos, capitalistas, que contaran con una infraestructura para el desarrollo (irrigación, caminos, establos, bodegas) y apoyos institucionales (crédito, tecnología, estímulos fiscales). Era un plan agrícola seria y concienzudamente formulado, que permitiría la expansión económica del sector, la autosuficiencia alimentaria y un mejor balance comercial internacional.

Aún la corriente que fue identificada con el "agrarismo", aquella que buscaba convertir a peones y medieros en agricultores, como pretendía la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, publicada durante la administración de Emilio Portes Gil el 21 de marzo de 1929, respetaba la pequeña propiedad: los terrenos que serían afectados para dotar a los solicitantes de tierra serían parte del territorio de las haciendas vecinas y nunca de los ranchos o pequeña propiedad.

Hasta 1929 no había una diferencia notable entre posiciones callista y de Portes Gil, que encabezaba el grupo que se autodefinía como agrarista. No obstante, ya estaban en marcha los dos proyectos para el agro mexicano que se enfrentaran abiertamente durante el cardenismo: el agrícola y el agrario.


Inicio del artículoAnteriorRegresosiguiente