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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Verano-Otoño 1996

La aporía de una educación democrática


Con la primacía indiscutible del cristianismo, al menos en la cultura europea en la que nos movemos, hemos perdido, tal vez definitivamente, una visión unitaria del hombre y del mundo. Lo que caracteriza a las sociedades contemporáneas es el pluralismo de las concepciones del mundo y de los sistemas de valores. Frente al monoteísmo del pasado, incluido el monoteísmo secularizado de la preeminencia de la razón, tenemos que habérnoslas con el politeísmo de las muy variadas concepciones del mundo, de la multiplicidad de la idea de razón y de los sistemas de valores.

Pues bien, la aporía fundamental que pesa al respecto en nuestro tiempo consiste en que, por lo menos como paideia, tal como la hemos entendido desde sus orígenes griegos, la educación precisa de un paradigma ideal del ser humano que se propone realizar, y justamente lo que caracteriza a nuestras sociedades contemporáneas es la multiplicidad de modelos y de ideales no compatibles entre sí. En principio, en una sociedad pluralista coexisten distintos modelos educativos que corresponden a ideas muy diferentes del hombre y del universo. El que desde el despotismo ilustrado el Estado aspire a controlar el proceso educativo hasta haberlo convertido, de hecho, en un monopolio, choca directamente con el pluralismo que caracteriza a la sociedad civil, ya que no es fácil que en nuestro mundo podamos ponernos de acuerdo en un concepto de educación universalmente aceptado.

El Estado moderno se reclama de dos principios, en sí mismos incompatibles. Por un lado, afirma su neutralidad ante las distintas cosmovisiones, pues identificarse, como hizo en el pasado, con una determinada religión o ideología, pone en cuestión el pluralismo que subyace en la sociedad civil y quebranta uno de los supuestos básicos de la convivencia libre. Por otro, asume como una parte esencial de su responsabilidad financiar, organizar e impulsar la educación en sus diferentes niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad, diseñando las líneas maestras del sistema educativo.

El Estado democrático, en razón de su deber de neutralidad, por un lado, no sirve como institución encargada de la educación (no cabe educar sin tener presentes los fines a los que se aspira, y el Estado no puede establecer fines, sin recurrir a un sistema de valores determinado, traicionando su neutralidad); por otro, en las sociedades contemporáneas resulta inconcebible que el Estado democrático pueda renunciar a un derecho que ha arrebatado a la Iglesia en un largo proceso de secularización, que implica el deber de mejorar la formación de los ciudadanos que, en cuanto motor decisivo de la capacidad productiva de un país y elemento compensador de las desigualdades que impone el sistema de producción, apoya el conjunto de la sociedad.

Por un lado, la riqueza y bienestar de un país dependen en muy buena medida, del nivel de educación que haya alcanzado; por otro, como ya propuso Condorcet en los mismos orígenes revolucionarios de la sociedad moderna, frente a la desigualdad creciente que comporta el sistema de producción, la enseñanza se revela instrumento principal para conseguir la tan mentada igualdad de oportunidades. En la escuela deberían desaparecer, o por lo menos aminorarse, las diferencias sociales, de modo que prevalezcan las únicas que requiere una sociedad para ser realmente competitiva: las que provienen de la inteligencia y del carácter.

Ni que decirse tiene que en una concepción semejante de la enseñanza pública, tan directamente vinculada al Estado democrático moderno, se traslucen valores muy discutibles desde otras escalas valorativas, por lo que resulta incompatible con el principio de neutralidad que este mismo Estado postula. El Estado proclama su neutralidad valorativa, pero comprensiblemente no está dispuesto a dejar de incluir en su actividad educativa la legitimación del orden social y del régimen político establecidos. La interiorización de los valores dominantes es uno de los fines básicos de la educación.

La aporía no se resuelve apelando a la tolerancia como el fin primordial de la educación. La tolerancia es un fin subsidiario que puede derivarse de concepciones religiosas o agnósticas muy diferentes, pero que en sí no diseña un objetivo suficiente para el educador. No se puede configurar la personalidad del educando exclusivamente desde el principio de la tolerancia. El paradigma educativo tiene que ser positivo, basado en una idea concreta de lo que debe ser el ciudadano. La tolerancia, a lo sumo, podría servir de criterio para tratar de debilitar las ideologías sociales que no supieran asumirla y propagarla. No se puede educar para la tolerancia como único fin, hay que educar para fines que se describen positivamente, eso sí, todos ellos compatibles con la tolerancia. Al fin y al cabo se es realmente tolerante, no desde el vacío moral e ideológico, sino sólo desde la fortaleza que proporciona una verdadera identidad. En la Ilustración, Nathan el sabio predicó la tolerancia entre cristianos, judíos y musulmanes, no desde la supresión o confusión de las tres religiones, sino, al contrario, desde la recia identidad de cada una.

¿Habrá que cuestionar la neutralidad ideológica del Estado y sustituirla por la obligación de defender, cuando no imponer, los valores democráticos? Pero ¿acaso los valores democráticos pueden subsistir cuando se trasladan de la sociedad al Estado? ¿Puede la sociedad delegar en el Estado algo tan propio y constitutivo de su libertad? ¿Puede tolerarse una imposición del Estado sobre la sociedad? Existe, qué duda cabe, el peligro de que la democracia se convierta en una ideología al servicio del orden social y político establecidos, en cuanto el Estado se constituya en el marco de referencia de los valores que han de configurar la educación. Pero, vistas las cosas por el otro lado, el Estado democrático que predica la neutralidad ideológica difícilmente puede ser neutral frente a valores e ideologías que cuestionen los valores esenciales de la democracia. ¿Cómo conseguir un cierto equilibrio entre estas dos tendencias?

A la hora de terminar estas reflexiones sobre la enrevesada pero imprescindible relación entre educación y democracia, mi intención no es resolver sino exclusivamente plantear problemas y dificultades. Pero, con todo, no quiero dejar de mostrar una línea de argumentación que probablemente nos permitiría avanzar en esta cuestión y que consiste en afirmar que la educación no pertenece en exclusiva al ámbito privado-familiar ni tampoco al estatal. Tanto la privatización de la enseñanza como su estatalización conllevan no pocos peligros, ya que la una suele tender a desprenderse de su relación con la democracia y la otra a convertir esta relación en una ideología. Para salir de este dilema es preciso plantear la educación en una dimensión pública que no se confunda con la estatalización. Pero, con ello, no hemos hecho más que trasvasar los problemas a otro orden, no menos cuestionable, ya. que habría que empezar por hacer plausible que no hay democracia verdadera sin esta dimensión pública de la existencia.


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